En la tarde del 15 de junio de 2022, en la cresta de una intensa ola de calor en todo el país, siete rayos de una tormenta seca impactaron en la Sierra de la Culebra, provincia de Zamora.

A pesar de las advertencias meteorológicas y las llamadas de auxilio de los profesionales de prevención y extinción de incendios, la Junta de Castilla y León mantenía el nivel de alerta en la Comunidad en “riesgo medio”, puesto que, sobre el papel, la campaña de incendios, y el despliegue de medios humanos y materiales que conlleva, no arrancaba hasta el 1 de julio.

Esa misma noche, cuando los escasos medios disponibles se enfrentaban a los primeros coletazos del infierno salvaje que azotaría la provincia de Zamora durante todo el verano, las cuentas de Twitter de los bomberos forestales, agentes medioambientales y trabajadores de las Brigadas del Ministerio en Castilla y León, comenzaron a lanzar llamamientos al rearme de “las tropas”, a las que durante la noche se sumó la Unidad Militar de Emergencias, sin que desde el Gobierno de Mañueco se adoptaran medidas inmediatas.

En realidad, era imposible, porque el dispositivo no estaba activo. La Junta no tiene un operativo propio disponible durante todo el año, y los contratos con las empresas que proveen el servicio, o no estaban firmados aún, o tenían fechas de activación posteriores. Así pues, los retenes activos ese día eran claramente insuficientes.

"Sufriendo la ola de calor más fuerte de los últimos 20 años, escasean los medios disponibles, porque la Junta mantiene decretado peligro medio", escribía la cuenta, independiente, de los trabajadores del operativo. "Esto sólo nos confirma la necesidad de continuidad del dispositivo durante todo el año".

Este fue el primer enunciado de una reclamación que se replicaría, hasta el infinito, durante los siguientes meses. Los trabajadores del servicio afirmaron que la privatización se había llevado “hasta extremos inimaginables” y que el operativo sufría de “absoluta precariedad”.

A la Junta le pilló el toro

Esto ocurría sólo unas horas después de que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareciera en León para presentar el dispositivo.

4.540 profesionales y 806 medios terrestres y aéreos, dijo. Pero ese día, el 70% de esos medios, subcontratados, aún no se habían incorporado. Ni lo hicieron en los días siguientes, durante la lucha sin cuartel contra un fuego que, a posteriori, el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, describió como “fuera de la capacidad de extinción”.

Era el primer día de una reivindicación constante que se extendió en los siguientes tres meses de asfixiante estío. A la Junta de Castilla y León le pilló el toro, pero no reconoció responsabilidades, a pesar de la “irresponsabilidad gravísima” de la que le acusó el portavoz del PSOE en temas de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, que cifraba en apenas un 20% el operativo movilizado aquel día.

Cuatro muertos, cerca de 100.000 hectáreas y numerosas protestas

El número de hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra se cifró en más de 30.000, pero aquello solo fue el principio.

A mediados de julio eran ya siete más los Grandes Incendios Forestales (más de 500 hectáreas arrasadas) que habían destruido la Comunidad, y 16 los que habían sido considerados de Nivel 2 de gravedad.

Tras el primer gran desastre forestal en la Sierra de la Culebra, y en sólo ocho días de julio, habían ardido Monsagro, Candelario, Navafría, Figueruela de Arriba, Montes de Valdueza, Cebreros, y, el más agresivo: Losacio, de nuevo sobre los rescoldos la zamorana Sierra de la Culebra, que se declaró el 17 de julio y no se declaró extinguido hasta el 31 de agosto, es decir, un mes y medio después, destruidas otras 30.000 hectáreas.

Este nuevo desastre ecológico y económico se llevó, además, cuatro vidas humanas: un bombero, un pastor y dos vecinos, el último de los cuales falleció a finales de octubre, después de meses de lucha entre la vida y la muerte.

Durante y después de prenderse Losacio aún ardieron varias decenas más de hectáreas en Burgos, León, Segovia, Ávila, Palencia, Soria, Valladolid… no hubo provincia en la que no se desatara el fuego, (algunos días se acumularon hasta una decena de focos simultáneos), que se extendió, a causa de una climatología favorable y una intensa sequía, hasta bien entrado septiembre.

A las críticas sobre el sistema, dependiente de innumerables empresas, activado de forma tardía y descoordinado en algunos momentos, se sumaron las numerosas denuncias en redes sociales de los propios profesionales por la escasez del avituallamiento que los bomberos recibían durante jornadas interminables de trabajo, que se resumía en un pequeño bocadillo y un par de rodajas de embutido, y sin apenas botellas de agua.

La temporada de incendios ha sido considerada por el Ministerio para la Transición como “la peor del siglo” en el país, pero de las 300.000 hectáreas perdidas, según esos datos oficiales (actualizados en noviembre), casi una tercera parte pertenecían a Castilla y León.

Mañueco, cero autocrítica

Al drama humano, medioambiental y económico, se sumó el parlamentario, puesto que la Junta de Castilla y León no asumió responsabilidad política alguna al término de la temporada, aguantando estoicamente una intensa lluvia de reproches, políticos y ciudadanos.

La primera manifestación en las calles de Zamora pidiendo las dimisiones del consejero, Suárez-Quiñones, y el presidente Mañueco, por su gestión “negligente”, fue secundada el 21 de julio por 8.000 personas, y a esa le siguieron concentraciones de bomberos a las puertas de las Cortes Autonómicas, en Valladolid, nuevas protestas en Zamora y diversos homenajes a los fallecidos.

Pero en su comparecencia ante el Parlamento, finalizado el verano, Mañueco sólo evitó la autocrítica, culpabilizando de lo sucedido a las condiciones meteorológicas “inéditas”, prometiendo una Castilla y León “a la vanguardia” de la lucha contra los incendios en el futuro, y arremetiendo contra la oposición, a la que acusó de instrumentalizar la tragedia y “haber echado gasolina al fuego”.

Ni una palabra reconociendo su falta de previsión, ni concediendo un ápice de su intenso discurso a la parte mejorable de la gestión del servicio.

Por su parte, el consejero Quiñones, al que los bomberos habían pedido semanas antes que se fuera a su casa, durante su protesta ante las puertas del Hemiciclo, llegó a señalar en su intervención que el reconocimiento del estatus de bombero forestal que los profesionales del operativo llevan años reclamando no tenía sentido.

“El concepto de bombero forestal en esta Comunidad no existe”, dijo Quiñones ante la Cámara, “porque estos profesionales tienen muchas más capacidades que las de extinguir incendios forestales: también la de los tratamientos selvícolas, que les vale para unos momentos, pero no para otros”.

A finales de septiembre, según los datos oficiales de la propia Junta de Castilla y León, de las 4.208 personas en el operativo durante el verano, 1.663 tuvieron que abandonar sus puestos, puesto que sólo trabajan durante la temporada que la Junta considera de riesgo.

Semanas después, el Gobierno de Mañueco y los sindicatos mayoritarios de Castilla y León, (CCOO y UGT) cerraron un acuerdo para ir ampliando paulatinamente el periodo de actividad año a año, incrementando el número de meses de ocupación hasta llegar a los doce.

El verano de 2023 demostrará si ese acuerdo se materializa, si la época de riesgo alto se adapta al cambio climático, si se ha modificado el Plan de Prevención de Incendios, INFOCAL, y si el trabajo preventivo realizado durante el invierno consigue detener la masacre.