Miles de personas murieron en las residencias madrileñas durante los peores momentos de la pandemia de la Covid-19. 7.291 fallecieron sin asistencia médica, según el informe de la comisión presidida por un magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. La Fiscalía de Madrid no considera necesario investigar lo que sucedió durante estos meses y la Comunidad de Madrid reniega de esclarecer los acontecimientos, pese a toda la información y actas publicadas recientemente. Ahora, para puentear este bloqueo se ha habilitado un portal para investigar “lo que Ayuso oculta” en las residencias madrileñas.
La iniciativa está impulsada por el PSOE de la Comunidad de Madrid, que pone el foco en la presidenta autonómica. “Ante la opacidad, la falta de transparencia y el bloqueo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para visitar y conocer la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, iniciamos una campaña que dé voz a los madrileños y nos permita seguir trabajando e incidiendo en la mejora de la seguridad y la inspección para garantizar un trato digno en las residencias de la región”, ha explicado el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
La campaña lanzada busca que, ante el pasotismo de la administración madrileña, los usuarios puedan remitir información directa que esclarezca cuál es el estado de las instalaciones. Los socialistas madrileños justifican el inicio de esta iniciativa en el “permanente bloqueo del Gobierno regional por saber la verdad de lo que ocurrió en las residencias madrileñas durante la pandemia”. Para recoger estos testimonios han habilitado un correo electrónico (atencionalciudadano@psoemadrid.es) y un número de teléfono (689781083) que estarán disponibles para todos los ciudadanos.
Las asociaciones de familiares fallecidos durante la pandemia han solicitado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo de Ayuso que constituya una comisión, después de que decayese con la convocatoria electoral de 2023 la anterior. Desde la Puerta del Sol rehúsan de atender a los familiares, a los que ahora reclama el dinero de las cuotas de las residencias de las víctimas de la pandemia. “A la negativa, por parte del gobierno regional, de constituir una comisión que esclarezca lo que pasó en las residencias durante la pandemia, se suman las constantes denuncias sobre la situación que sufren muchas personas en diferentes residencias de la región”.
La mala calidad de la comida, la suciedad, la escasez de personal, o los problemas de seguridad son algunas de las variables que denuncian asociaciones de los familiares y desde el PSOE no entienden la negativa de la Comunidad de Madrid a investigarlo. “No entendemos lo qué oculta Ayuso, por qué no quiere que se sepa lo que pasó en las residencias madrileñas durante la pandemia, ni entendemos por qué no se deja a diputados socialistas visitar algunas residencias para conocer de primera mano su situación”, ha denunciado Lobato.
El socialista se ha referido a una visita a la Residencia Santiago Rusiñol, de Aranjuez, que estaba prevista para el pasado 13 de marzo y que se suspendió sin motivo de manera indefinida. “No vamos a consentir que se nos impida realizar nuestra labor de fiscalización y mucho menos que se juegue con la atención que se presta en las residencias”, ha señalado, instando a las familias y trabajadores de las residencias de mayores a transmitir “sus quejas y propuestas de primera mano y de forma anónima y podamos actuar de altavoz en la Asamblea de Madrid para que se solucionen todas las deficiencias de forma urgente”.
Cobro a las familias de los fallecidos
Después de todo el sufrimiento atravesado durante y después de la pandemia, las familias denuncian ahora que el Gobierno de Ayuso les reclama el dinero de las residencias a personas cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid Uno de esos ejemplos es el de Ángela Armingol, quien el pasado 15 de marzo recibió un documento firmado por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, en el que aparece una deuda superior a los 900 euros por los meses de marzo y abril en los que su padre estuvo ingresado en la residencia Amavir.
En sus declaraciones, la receptora del texto -cuyo padre estuvo ingresado en el centro de mayores Amavir Valdebernardo (Madrid) hasta que falleció el 2 de abril a los 89 años- se reconoce “completamente paralizada” y “en shock”: “La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble”.
El mismo tipo de carta llegó a María de Álvaro el día 11 de marzo, y desde entonces una pregunta ronda en su cabeza: “¿Cómo puede ser esto?”. En su caso, su padre falleció a los 94 años, el 5 de abril de 2020, en la residencia Ensanche de Vallecas sin recibir atención hospitalaria. Ahora le piden 674,28 euros, lo que ahonda en su dolor cuatro años después. “Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a recibir una atención sanitaria digna”, evidencia.
