El Ejecutivo Central ha cumplido ya parte del traspaso, pero el PP gallego lo considera insuficiente mientras evita pronunciarse sobre la vivienda de Eva Cárdenas.
La Xunta de Galicia, liderada por Alfonso Rueda, ha obtenido las competencias del litoral gallego, la primera transferencia que recibe Galicia del Estado en los 15 años de Gobierno del PP, primero con el ahora responsable nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y después con el máximo dirigente autonómico.
La administración pública se encuentra en una situación delicada debido a la polémica que está suscitando la vivienda de la mujer de la cara más visible de Génova, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara que parte de la misma se encontraba en servidumbre de paso (o lo que es lo mismo, zona de dominio público), por lo que tenía que ser devuelta al Estado; y tras la petición de la también responsable de la inmobiliaria Niebla Azul para poder disfrutar de playa privada durante 30 años más.
"Es una causa que afecta a una ciudadana privada"
ElPlural.com ha preguntado al entorno de Rueda para conocer en qué medida podría repercutir la hipotética decisión sobre el inmueble a la solicitud regional. “Es una causa que afecta a una ciudadana privada y al Gobierno central. La Xunta no se pronunciará sobre un asunto en el que no tiene las competencias efectivas”, señala en primera instancia.
Y, al ser consultado sobre los tiempos que manejan para la transferencia, indican que la “la semana pasada el Ministerio de Transición Ecológica envió una propuesta muy inicial”. “Confiemos en que se agilice al máximo, pero es imposible dar fechas”, sostienen.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, informaba entonces por escrito esa “propuesta muy inicial” del Gobierno central que, por el momento, pasa por le traspaso de “algunos” medios, lo cual la región considera insuficiente.
En respuesta a una pregunta del Partido Popular gallego (PPdeG) en el pleno del Parlamento gallego, la conselleira exigía que se complete la transferencia de “plenas competencias” antes del 23 de abril de 2025, cuando se cumple un año de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dio la razón a la Xunta frente a este tema.
Versión de Eva Cárdenas
De acuerdo con lo solicitado por el representante legal de Eva Cárdenas, se recoge su versión y se parafrasea lo que piden que se publique como rectificación:
"Que la llamada (por su principal detractor) "mansión ilegal" no ha sido declarada así ni por sentencia judicial firme ni por resolución administrativa, ni consta incoado ningún procedimiento judicial al respecto; que su construcción es anterior a su adquisición por parte de Dña Eva Cárdenas Botas, cumple con la normativa que le es de aplicación, que el muro no ha sido edificado por Dña Eva Cárdenas, que se ha limitado a la conservación del mismo; que la dificultad del acceso a la playa no le es imputable a Dña Eva Cárdenas, sino a los dos tramos rocosos que hay a su lado y que no es una "playa privada" y que el cartel que prohíbe el paso y las boyas han sido instaladas por Costas por el mal estado del muro".
La responsable gallega indicaba que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió a la carta que le había enviado el presidente de la autonomía para reclamar la agilidad de las gestiones.
Después de esto, la Xunta recibió un documento de propuesta del Ejecutivo en el que faltan por cuantificar medios, cargos e inmuebles, así como quejarse de que está pendiente del traslado de expedientes, lo mismo que la consignación presupuestaria correspondiente.
También reprochó al BNG y al PSOE, a lo que les solicitó “pedir disculpas” por encontrarse “equivocados”. Entretanto, el PP explicaba que la Xunta había avanzado en el desarrollo de la norma durante diez meses con la construcción de una comisión interdepartamental, la consulta pública previa para crear un foro en el litoral o la puesta en marcha de un visor web de zonas protegidas. También la consulta pública de las Directrices de la Ordenación do Litoral.
La Xunta pide más competencias
Tras el anuncio ejecutado a finales de 2024 de que la Xunta lograría estas competencias, el presidente gallego negaba haber acometido cualquier giro en las políticas de la administración autonómica después de obtener las competencias sobre el litoral.
Se trata de la primera transferencia que recibe Galicia del Estado durante los 15 años que lleva gobernando ininterrumpidamente, algo que siempre había estado sobre la mesa pero que, la realidad, muestra que nunca se materializó. Así lo demuestra que durante los trece años de Feijóo al frente del Parlamento gallego (entre 2009 y 2022) no tuvo ninguna intención de aumentar el autogobierno. De hecho, esto quedó demostrado en que cedió ante la postura del gobierno Rajoy, que negó la transferencia de la AP-9 amparándose en las “tensiones territoriales” derivadas del procés.
Sin embargo, desde el trasvase de las competencias del litoral, la Xunta ha puesto más sobre la mesa. Rueda abrió su primera batalla con Madrid por el control de la costa llevando el punto al TC, que dio la razón a Galicia.
Después de aquella decisión jurídica, Rueda se abrió a otras competencias. El presidente gallego aludió a las competencias en meteorología, un proceso liderado por la conselleira de Medio Ambiente, que adquirió relevancia especial después de la DANA de Valencia y las críticas a la AEMET, elevadas por el PP.
La otra cuestión es la que tiene que ver con la AP-9, cuya votación se aplazó de nuevo en el Congreso “a petición de Sumar y el PSOE”. El PP de Galicia espera que ya no sufra más retrasos.
