Con seguridad, esta semana el Partido Popular no criticará al Tribunal Constitucional. No lo hará porque este organismo ha tomado una decisión acorde a las posiciones mantenidas por los 'populares' en Galicia y a nivel nacional con un asunto que ha provocado una importante respuesta social: la continuidad de la factoría de celulosa en la ría de Pontevedra.
El Constitucional, a través de una providencia, ha decidido no admitir el recurso de amparo elevado por la Administración General del Estado contra la sentencia del Tribunal Supremo que, en respuesta al recurso de casación, se confirmaba la legalidad de la prórroga hasta 2073 de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la fábrica de Ence en Pontevedra. Así ha informado la dirección de la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Esta medida supone la ratificación de la resolución que el Tribunal Supremo dio a conocer el año pasado. En la misma declaraba "sin valor ni efecto alguno" otra decisión judicial, en este caso de la Audiencia Nacional, que señalaba la nulidad de la prórroga de la concesión. Este fallo del alto tribunal generó una gran controversia por los argumentos utilizados y mucha sorpresa entre los colectivos sociales que había visto en el auto de la Audiencia Nacional toda una victoria.
La primera en aplaudir la inadmisión a trámite por parte del Constitucional ha sido Ence. En un comunicado hecho público ayer, pone de manifiesto que, a falta de conocer la decisión de este Tribunal sobre el otro recurso de amparo presentado contra esta sentencia por parte del Ayuntamiento de Pontevedra, esta providencia, para la dirección de la planta, "despeja las dudas sobre el futuro de Ence Pontevedra, a cuya actividad están vinculadas cerca de 5.100 familias, y dota de seguridad jurídica plena a la actividad y permanencia de esta biofábrica en Pontevedra".
La referencia a los puestos de trabajo que genera la celulosa implantada en plena ría de Pontevedra y que ya fue condenada por contaminación hace años, ha formado parte del argumentario para defender su continuidad en la ubicación actual. Sin embargo, esa cifra ha bailado de manera notable a lo largo de este tiempo.
Y mientras, la macrocelulosa de Altri a la espera
Ence resalta en sus valoraciones que seguirá "centrada en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia en eficiencia, mejores tecnologías disponibles y calidad medioambiental".
La decisión del Supremo de 2023 desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la prórroga de la concesión y confirmababa que la resolución por la que se concedió dicha prórroga se ajustaba al ordenamiento jurídico.
Cabe recordar que el Gobierno local de Pontevedra presentó en septiembre ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por "vulneración de la tutela judicial efectiva con indefensión del Ayuntamiento" tras el fallo del Tribunal Supremo -que rechazó las apelaciones del Ayuntamiento y de la Abogacía del Estado- contra la prórroga de Ence en la ría.
Después de que fuese desestimado un incidente de nulidad presentado por los servicios jurídicos del consistorio en colaboración con el equipo de trabajo contratado para la ocasión con el gabinete CSS Abogados encabezado por el exministro socialista Francisco Caamaño, el Gobierno local elevó también sus reclamaciones al Tribunal Constitucional.
Se da la circunstancia de que el Partido Popular ha sido el gran defensor de la continuidad de la fábrica de pasta de papel en la capital de las Rías Baixas. El propio Mariano Rajoy se ganó la declaración de persona non grata tras ser el Gobierno de España siendo él presidente el que concedió la controvertida prórroga a Ence.
Curiosamente, en la actualidad, en Galicia se discute la implantación de una nueva fábrica de celulosa, un proyecto que impulsa la multinacional portuguesa Altri en el municipio lucense de Palas de Rei y que, al igual que en el caso de la planta pontevedresa, cuenta con el rechazo unánime desde el punto de vista social y medioambiental.
De nuevo como en el caso de la planta de Ence en Pontevedra, la Xunta de Galicia ha vuelto a convertirse en la gran defensora de la macrocelulosa, como la definen sus detractores, que Altri quiere construir, a pesar de las protestas llevadas a cabo en los últimos meses. La compañía portuguesa ya ha anunciado que para que su complejo salga adelante necesitará sí o sí de una ayuda pública de alrededor del 25% del coste total del proyecto, lo que supondrían unos 250 millones de euros de dinero procedente de los fondos Next Generation, aproximadamente.