El consejero delegado de Altri, José Soares, concedió estos días una entrevista a Europa Press, en lo que parece una estrategia para tratar de convencer a quienes se posicionan contra la instalación de esta "macrocelulosa", tal y como la definen sus detractores, en el municipio lucense de Palas de Rei, pero con repercusión en otras localidades pertenecientes también a las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Esta entrevista se encuadra en el viaje que la compañía organizó con medios de comunicación y miembros de la comunidad científica gallega para que conocieran sus fábricas en tierras portuguesas. Desde que se han ido dando a conocer detalles de este proyecto, enseguida han aparecido las comparaciones con la planta de fabricación de celulosa que Ence tiene en la provincia de Pontevedra.
Soares dejó clara la "sostenibilidad" del proyecto al tiempo que lamentó que se pueda hacer una comparación entre ambas factorías, ya que la que ocupa la ría de Pontevedra, a su juicio, tiene 50 años por que lo que no cabe la equiparación entre ambas. La afirmación, con seguridad, no sentará bien a la dirección de Ence.
La coincidencia de esta presencia en medios con el fin del plazo de alegaciones no parece casual. Este período concluyó ayer y contra la planta que Altri lidera fueron presentadas en la Xunta de Galicia más de 20.000 alegatos contra la instalación, la gran mayoría centrados en cuestiones medioambientales.
Mucha oposición
Desde que se informara de la posibilidad de la implantación en el citado concello lucense, hasta que el Gobierno de Alfonso Rueda, con él mismo a la cabeza, mostró su respaldo total con su declaración como instalación estratégica, no han parado de aumentar las voces contrarias a la macrocelulosa.
La oposición en el propio parlamento autonómico (BNG y PSdeG) han sido claros al respecto, al igual que diferentes asociaciones ecologistas locales, regionales y nacionales, y colectivos de agricultores, ganaderos, mariscadoras, pescadores a través de sus cofradías, y vecinos de forma individual. Esta variedad ha quedado patente en la procedencia de las miles de alegaciones presentadas.
Del mismo modo, el asunto también ha llegado esta semana a la Unión Europea. Ha sido a través de una delegación de las entidades naturalistas gallegas Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace, que han mantenido en Bruselas encuentros con europarlamentarios españoles para exponerles el fatídico impacto medioambiental que conllevaría esta fábrica.
La delegación, de la que también ha formado parte la Plataforma Ulloa Viva, ha celebrado reuniones con Ana Miranda (del Bloque Nacionalista galego), Nicolás González Casares (Partido Socialista) te María Eugenia Rodríguez (Unidas Podemos).
La intención de la sociedad creada para impulsar este proyecto es que disponga de una cantidad muy importante de fondos Next Generation que permitan financiarlo. Altri ha confirmado, en este sentido, que ese montante debería ascender a alrededor de 250 millones, es decir, un cuarto de la inversión total.
Precisamente, en el último mes, dos voces autorizadas de la compañía portuguesa han dejado claro que sin ese respaldo económico público no es posible sacar adelante el proyecto de la macrocelulosa, el último el propio José Soares en la mencionada entrevista.
Por este motivo, la delegación que ha estado en la capital europea ha insistido en sus encuentros con eurodiputados en que sus formaciones se opongan a la asignación de esas ayudas públicas para la empresa.
Para reforzar esta acción a nivel comunitario, Amigas da Terra, Ecoloxistas, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF han remitido sendas misivas a Céline Gauer, María Teresa Fábregas y Giulio Federico, respectivamente responsable, directora y jefe de unidad del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Task Force).
En esos escritos trasladaron a los comisarios europeos que este proyecto GAMA (nombre de la fábrica prevista para Palas de Rei) tendrá "impactos ambientales irreparables y acelerará los efectos del cambio climático" en un área como esta de especial protección.
En relación con el fin del plazo para presentar las alegaciones contra la planta, desde Ecoloxistas en Acción han denunciado que tanto esta organización como Amigas da Terra y Greenpeace si bien sí han podido entregar sus alegaciones por registro digital, otro "multitud de vecinos" se vieron incapaces de hacerlo físicamente en los registros municipales por la incapacidad de las administraciones para gestionar su recogida, además de por la "elevadísima respuesta de la sociedad en contra de este proyecto".
Por tal motivo, han reclamado a la Xunta de Galicia que amplíe el plazo al menos 15 días más, "ya que de no hacerlo vulneraría la posibilidad de ejercer por parte de la ciudadanía un derecho fundamental".
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