Las voces contra la implantación de una factoría de Altri en Galicia siguen muy activas para frenar un proceso que cuenta con el visto bueno de la Xunta.
Ahora, a todas las denuncias sobre pérdida de puestos de trabajo, de daño ecológico y de consecuencias mediambientales en una zona muy amplia, se suma lo que acaba de hacer público la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega.
Según esta organización, “la presencia de especies amenazadas” e, incluso, “en peligro crítico de extinción” en el área afectada por la instalación de la fábrica de celulosa “es conocida por la Xunta desde hace años”.
Añaden sus responsables que, a pesar de esto y después de gastar cerca de 300.000 euros de dinero público para analizar y estudiar dichas especies, el Gobierno gallego “nunca llegó a aprobar en el Diario Oficial los instrumentos de conservación”.
Se da la circunstancia de que el catálogo gallego de especies amenazadas fue aprobado en 2007, es decir, durante el Ejecutivo bipartito -PSdeG y BNG- con Emilio Pérez Touriño al frente, y dos años antes de la primera presidencia de Alberto Núñez Feijóo con mayoría absoluta.
Tal y como se explica en dicho documento, en él se incluyen las especies de “flora y fauna que presentan algún tipo de amenaza para su supervivencia”. En el catálogo se indica que para ellas “las medidas de protección van más allá de su mera protección en términos generales y la conservación genérica de espacios”. Para llevar a cabo esto se proponen como medidas la creación de planes de gestión.
Esto, sin embargo, a pesar de que en el catálogo aparecen alrededor de 200 especies, únicamente cuatro, entre el oso pardo, cuentan con algún plan de este tipo.
En la actualidad, el proyecto industrial de Altri-Greenfiber se construiría en una superficie que, según Adega, tiene presencia comprobada de numerosas especies amenazadas.
La impresión es que la ausencia de esos planes juegan a favor de proyectos como este, porque según recoge la biodiversidade.eu en dicha zona se encontrarían afectados por la fábrica hasta seis especies que están en peligro de extinción.
Los representantes de Adega tienen claro que si desde la Xunta se hubiesen impulsado y aprobado los correspondientes planes de gestión, el proyecto de Altri no podría ni plantearse.
La Xunta lo sabía
Las acusaciones de la Asociación van más allá. Según señalan el Gobierno presidido por Alfonso Rueda “sabía de la excepcional riqueza de este patrimonio ambiental y decidió no blindar su protección”.
Además, denuncian que además de esta muestra de desinterés y abandono, existe también “incompetencia cómplice”, puesto que “gastó 281.635,01 euros en licitar, adjudicar y pagar diversas asistencias técnicas para redactar los planes de gestión de estas 5 especies” en peligro de extinción que se asientan en la zona afectada por la planta.
Ante esta forma de actuar, la entidad ecologista asegura que el comportamiento de la Xunta en relación con este proyecto “podría ser constitutivo de delito”.
Del mismo modo, indica que “la cosa puede ser aún más grave”, puesto que al gasto de dinero público para licitar los planes que luego no se han utilizado, podría sumarse “el delito ambiental por inacción dolosa”. Esto lo explican afirmado que, a pesar de conocer el estado de conservación de estas especies y sus necesidades de manejo y protección, “no aprobar los correspondentes planos de gestión ha podido derivar en un deterioro de sus poblaciones, objetivable mediante los datos y conclusiones de las propias asistencias técnicas”.
La instalación de esta factoría ha estado muy presente esta semana en el Parlamento autonómico, en la apertura de la nueva legislatura con la presidencia de Alfonso Rueda, cuya elección se ha publicado hoy en el BOE y el DOG. Lo que es evidente es que Altri y su proyecto para la localidad lucense de Palas de Rei acumula cada vez más detractores.
El último en pronunciarse en contra ha sido el Sindicato Labrego Galego que ya ha presentado alegaciones contra esta planta “de macrocelulosa”. Según dice, su implantación conllevaría la destrucción de “miles" de empleos relacionados con la producción alimentaria.
Asimismo, ha tachado de “falta de respeto" por parte de la Xunta en su argumento sobre la creación de puestos de trabajo, una afirmación que solo es para "justificar ante la opinión pública su apoyo público a la macrocelulosa proyectada por las empresas Altri y Greenalia", última compañía esta en cuyo consejo directivo se encuentra Beatriz Mato, conselleira con Alberto Núñez Feijóo y compañera de Consello de Goberno de Alfonso Rueda, durante varios lustros.
El Sindicato Labrego Galego ha detallado que la previsión es que las instalaciones de la fábrica ocupen 366 hectáreas, “con un gasto de 46 millones de litros de agua diarios”. La advertencia tiene que ver con la presencia de “unas 5.000 granjas en el entorno de 30 kilómetros de afectación mínima de esta industria”, con las consecuencias que derivarían de todo esto.
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