Esta mañana, la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano, Santiago de Compostela, ha sido escenario de una concentración convocada por diferentes organizaciones integrantes del Consello Galego de Benestar Social. El motivo de la protesta, tal como han anunciado los organizadores, es la “defensa del sistema público de atención a las personas dependientes”.

Tal y como han recordado algunas de estas entidades, como CCOO, el Colexio Oficial de Traballo Social y el Sindicato Labrego Galego- Comisións Labregas, ya el pasado mes de diciembre de 2024 se solicitó la comparecencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García. Se pedía un pleno urgente del Consello Galego de Benestar Social, a lo que ahora, estos días, también han trasladado la petición a la Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAMP. El objetivo es el mismo, es decir, abordar, entre otras cuestiones, las recientes modificaciones recogidas en la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña al proyecto de presupuestos preparado por el Gobierno presidido por Alfonso Rueda para este ejercicio 2025.

Esta mañana, durante la protesta a la que se han sumado varias decenas de personas, han dejado claro su rechazo a la “modificación unilateral” de la Ley de Servicios Sociales. Además han exigido una mejora en la atención de las personas con dependencia.

Con respecto al cambio que propone la Xunta a través de la normativa que acompaña a las partidas para este año, son contundentes al indicar que supone “un grave retroceso” en lo que a derechos de la ciudadanía se refiere. Esto es así, han subrayado, porque “convierten los servicios sociales en un simple trámite administrativo y favorecen la privatización del sistema”.

Entre otras cuestiones, las modificaciones que han denunciado este lunes en la protesta ante la sede del Gobierno regional, tienen que ver con “la unificación de las solicitudes de dependencia y discapacidad, eliminando la valoración profesional”; esto se traduce en una dificultad evidente para “el acceso equitativo a los servicios”.

A lo anterior, han añadido el hecho de que “el Consello Galego de Benestar Social quedará sin competencias”, reduciendo la capacidad de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

En palabras de la dirigente de CCOO, Amelia Pérez, la Xunta de Galicia “reaccionó a esta protesta con propaganda sobre su gestión y culpando al Ejecutivo central de los problemas de financiación”. Sin embargo, tal y como ha recordado, “lo cierto es que se firmó un plan de choque con el Gobierno estatal para reforzar el sistema”, pero la respuesta de la Xunta ha sido “recortar los fondos en lugar de aumentarlos”.

Los concentrados en San Caetano también han citado como otro elemento que genera preocupación la promoción de políticas de bonos en lugar de la ampliación de plazas públicas en residencias y centros de día. Sobre esto han afirmado que supone una vuelta al “modelo asistencialista que, además de perpetuar la precariedad de los cuidados, recarga a las mujeres con las responsabilidades de la dependencia, en lugar de fortalecer un sistema público universal y de calidad”.

Quien también se ha sumado al evento convocado en Santiago de Compostela ha sido el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El líder de los socialistas gallego ha acusado al presidente regional, Alfonso Rueda, de “continuar con el trabajo de desmantelamiento sistemático de los servicios sociales, y señaladamente de la dependencia, iniciado por Feijóo en Galicia”.

Personas vulnerables

A su juicio, “tenemos claro que defender los servicios sociales es defender los derechos de las personas más vulnerables”; en este punto, ha aprovechado para trasladar el apoyo de su formación “a los trabajadores sociales que observan como su profesión está siendo menospreciada” por la administración autonómica.

Del mismo modo, Besteiro también ha criticado que, hasta el momento, “la única respuesta” del presidente gallego, Alfonso Rueda, a los “retrasos inasumibles” en la resolución de los expedientes de la dependencia sea “poner en riesgo la calidad en la atención”. Esto se plasma en la modificación legislativa que permite que funcionarios sin titulación en Trabajo Social tramiten e informen sobre las solicitudes.

Tal y como en su momento denunciaron en relación con los problemas que arrastra la sanidad pública gallega y las medidas impulsadas desde la Consellería de Sanidade, el secretario general de los socialistas ha coincidido en calificar las iniciativas sobre servicios sociales como simples “parches” y “ocurrencias” frente a un problema sistémico que deriva de años de austericidio.

Las consecuencias las pagan ahora las más de 4.000 personas que aguardan la resolución de los expedientes de la dependencia en Galicia. Mientras, según el PSdeG, otros 1.500 que tienen reconocido el derecho a plaza en una residencia no lo pueden ejercer en condiciones de igualdad por la falta de plazas disponibles y los precios inasumibles de las residencias privadas.

Ante esta situación, los convocantes han pedido hoy la “revocación inmediata de los cambios aprobados el 27 de deciembre en materia de dependencia”. A esto suman la necesidad de la firma de un pacto político en defensa del sistema público de servicios sociales y la convocatoria “urgente” del Consello Galego de Benestar Social y que en él comparezca la conselleira de Política Social e Igualdade.