Muchos vieron a principios de 2018 en la pequeña aldea ourensana de Penouta, perteneciente al concello de Viana do Bolo, la luz al final del túnel. Llamada a la desaparición por despoblación (apenas tenía 40 habitantes), en enero de ese año comenzó de nuevo a estar operativa la mina que lleva el mismo nombre que el pueblo.
Antes, hasta 1985, la explotación de la Penouta la llevaba a cabo la Rumasa de Ruíz Mateos. Ese año cerró unas instalaciones mineras que sirvieron para recoger estaño y wolframio. De aquellos materiales, ya casi en la segunda década del siglo XXI, se ha pasado a lo que se conoce como 'oro negro', que une Penouta con las nuevas tecnologías y las multinacionales más importantes del sector.
La actual propietaria, la empresa canadiense Strategic Minerals Europe, comenzó hace seis años a extraer coltán, un material muy cotizado por su uso en la fabricación de componentes para telefonía móvil, informática e, incluso, armamento inteligente, además de otros productos relacionados con las nuevas tecnologías.
Sin embargo, las buenas noticias han empezado a tambalearse por cuestiones medioambientales.
El pasado mes de mayo Ecoloxistas en Acción puso en conocimiento de la Fiscalía un informe en el que se plasmaba el estudio encargado a un laboratorio especializado y que desvela la presencia de metales pesados en diferentes cauces fluviales y traídas de agua.
En los meses anteriores, desde la compañía explotadora de la mina se achacaba esos niveles peligrosos a la antigua extracción de estaño y wolframio. Sin embargo, desde la entidad naturalista se ha recordado que las tasas de metales detectada ahoara son superiores a hace 10 años, concluyendo que nada tienen que ver con la actividad de los años 80.
Ahora, el juzgado de Instrucción de Trives acaba de anunciar la apertura de diligencias penales por presunto delito ambiental contra la empresa y directivos de la mina de A Penouta, a raíz de la denuncia presentada por Ecoloxistas.
Sustancia tóxica y cancerígena
La decisión de este órgano judicial tiene en consideración los citados análisis que ponen de manifiesto que en uno de los riegos situados aguas abajo de la mina, dentro de un espacio incluido en la Rede Natura 2000, “los valores de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, superaban 112,5 veces el valor máximo permitido por las normas de calidad ambiental”, han explicado desde la organización ecologista.
Del mismo modo, el laboratorio también reveló que los valores de arsénico estaban 30 veces por encima del nivel legalmente permitido; incluso, en una de las captaciones, los límites máximo se superaban en aguas para el consumo humano.
Precisamente, debido al hecho de que estos niveles de metales pesados son más elevados a los presentados hace 10 años por la compañía, justo antes iniciar la nueva explotación, y como no puede escudarse en la actividad impulsada por Rumasa, Ecoloxistas dirige la denuncia contra la empresa y sus principales directivos.
Asimismo, cabe señalar que los mismos hechos han sido también puestos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, entidad que es la competente en la custodia de la calidad del agua.
En este sentido, tal y como han recordado desde Ecoloxistas en Acción, una vez comenzadas las diligencias judiciales se solicitó “información a la Confederación Hidrográfica sobre las muestras llevadas a cabo por este organismo en el año en curso”, con el objetivo de incorporarlas al expediente que forma parte de la denuncia, algo que el organismo se ha negado a hacer.
En relación con esto, Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, ha informado de que la organización ecologista ha presentado “un recurso de alzada” ante esta negativa de la Confederación “de dar acceso a la información ambiental, aunque la respuesta ha sido mantener la ocultación de los datos analíticos”. Por ello, ha criticado esta actitud y ha afirmado que “no vamos a consentir esta opacidad, cuando además la empresa minera anunció tener conocimiento de los informes de las últimas muestras de la Confederación Hidrográfica”. A juicio de López, con esta manera de actuar “están impidiendo la acción de la justicia", no descartando implementar acciones judiciales contra la Confederación, algo que están “estudiando”.
Hay que recordar que contra el cierre de la mina de A Penouta se ha impulsado un destacado movimiento social que apela a los puestos de trabajo que genera y que benefician, sobre todo, a vecinos del lugar.
