El juez del Tribunal Supremo que investiga el llamado caso Koldo ha solicitado al Ministerio de Transportes detalles sobre más de 500.000 euros abonados al exministro José Luis Ábalos en concepto de “rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen”.
Según un auto, el magistrado Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que requiera formalmente al actual titular de Transportes, Óscar Puente, toda la información relativa a esos pagos, que deberán ser remitidos en un plazo máximo de 15 días.
La petición judicial se centra en los ejercicios de 2018 y 2019, en los que Ábalos habría percibido 156.440,29 y 351.992,72 euros, respectivamente, bajo esa denominación. El juez solicita que se aclare el concepto, la fecha y la cuenta de destino de cada ingreso.
Esta diligencia se enmarca en la causa que instruye contra el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.
La "caja pagadora de Transportes"
Esta solicitud llega tras el análisis de la documentación fiscal de Ábalos por parte de la Agencia Tributaria, en el marco del informe económico-patrimonial encargado por la Guardia Civil. Según señala la Unidad Central Operativa (UCO), los pagos en cuestión - que superan los 500.000 euros y se corresponden con los años 2018 y 2019 - figuran como abonados por la "caja pagadora central del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".
Sin embargo, los agentes advierten de que no han podido verificar el destino de ese dinero. Las cuentas de Ábalos, que fueron objeto de análisis judicial, no reflejan movimientos compatibles con esos ingresos, lo que impide trazar su recorrido y comprobar su origen real. Esta falta de rastro bancario ha levantado sospechas en el seno de la investigación.
Ante esta situación, el juez Leopoldo Puente ha decidido dirigirse directamente al Ministerio de Transportes para que aclare si esos pagos se realizaron efectivamente, a qué cuentas se transfirieron y bajo qué justificación. La diligencia se enmarca en la causa que investiga posibles irregularidades cometidas por Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la contratación de material sanitario durante la pandemia.
