La administración autonómica gallega bajo la presidencia del Partido Popular, primero con Alberto Núñez Feijóo -porque muchos de los proyectos vienen de sus 13 años al frente de la Xunta- y ahora con Alfonso Rueda, suspende en materia de política eólica. Así lo señalan las sentencias y decisiones judiciales que en los últimos meses ponen en entredicho a base de suspensiones cautelares, en el mejor de los casos, o paralizaciones definitivas diferentes parques eólicos repartidos por las cuatro provincias gallegas.
Lo último se ha conocido en las últimas horas y ratifica lo anterior. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a través de la Sala de lo Contencioso-administrativo, ha hecho públicos hasta siete autos en los que se informa del acuerdo de suspensión de otras tantas autorizaciones del ejecutivo regional para la instalación de recintos de este tipo.
La decisión se refiere a los parques eólicos de Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo. La única buena nueva recibida por el equipo de Rueda tiene que ver con la desestimación de la adopción de esta misma medida cautelar en relación con el parque Uxo.
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia ha valorado el auto del TSXG sobre la paralización del parque eólico Monte da Croa. Según ha subrayado Adega, el alto tribunal argumenta en su decisión que la adopción de esta medida cautelar se apoya en las “pruebas planteadas por Adega en cuanto a las deficiencias en la evaluación de impacto ambiental” del citado proyecto, en particular, sus efectos negativos en la “avifauna amenazada y en el lobo ibérico”.
Tal y como han recordado desde la Asociación mediante la paralización cautelar, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia persigue evitar que “se ejerzan daños irreparables sobre el medio ambiente”, al tiempo que aboga por su conservación y protección frente “a los intereses públicos en la utilización de las energías renovables y económicos de la promotora". Y esto es así porque, según Adega, el tribunal ha encontrado “suficientes indicios que dan cuenta de que el acto administrativo impugnado podría causar perjuicios de difícil reparación al medio ambiente como bien jurídico constitucionalmente protegido".
La Xunta recurrirá
El Gobierno de Alfonso Rueda ha anunciado ya su intención de recurrir estas paralizaciones. Lo ha dicho la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, que ha adelanto que elevarán al Tribunal Supremo esta paralización de otros siete parques eólicos.
Como no podía ser de otra manera, Vázquez ha hecho público el convencimiento del ejecutivo regional de que todo el procedimiento de estos parques es "impecable" y realizado con el “máximo” rigor.
No obstante, ha ido más allá al indicar que la Xunta no puede quedarse “de brazos cruzados”, y ha apuntado de que este no es un problema circunscrito a Galicia, agregando que si la comunidad autónoma “no cumple” en esta manteria, “España no va a cumplir”.
En el argumentario del PP siempre aparecen Pedro Sánchez y su Gobierno, y también en este asunto lo introducen. Es curioso porque a pesar de unas competencias muy tasadas en estos casos concretos, Ángeles Vázquez ha dicho que Moncloa debe "dar un paso al frente" para evitar acabar en "una situación de emergencia de energía", tanto para los hogares como para las industrias.
Al margen de las aseveración de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en funciones, hasta el momento los deberes en esta materia por parte de la Xunta de Galicia parece inacabados. Es lo que se desprende de todas las medidas jurídicas impulsadas desde el TSXG.
Según su propio recuento, hasta el momento ha publicado un total de 42 autos en los que decide sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos, de los cuales 27 han sido estimatorios y tres desestimatorios -el citado de Uxo, junto con lo ubicados en Vilartoxo y Neboada.
Se da la circunstancia de que este fin de semana estaba prevista en Burela una movilización de la Coordinadora Eólica Así Non (compuesta por más de 200 entidades y colectivos de diferentes ámbitos) para reclamar un modelo alternativo diferente para Galicia.
En este caso, las quejas de los convocantes se refieren al otro tipo de implantación de la energía eólica, la marina, que tal y como está definida por parte de la administración central recibe las críticas por parte de la citada organización.
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