Estas semanas la sanidad pública de Madrid se lleva buena parte del foco informativo a raíz de la huelga que mantienen los profesionales de sus diferentes niveles asistenciales. Este hecho ha logrado tapar lo que ocurre en Galicia, por lo menos ha provocado que no alcance un interés mediático estatal.

Sin embargo, en la última década se han venido repitiendo protestas de personal médico, de enfermería y de usuarios contra el deterioro de la sanidad pública gallega debido a las políticas de “recortes” y “privatizaciones” llevadas a cabo por la Xunta presidida hasta mayo por Alberto Núñez Feijóo y desde entonces por Alfonso Rueda.

Tras la pandemia esta situación se ha hecho más visible y sacado a la luz la escasez de medios humanos que padece la sanidad pública y la ineficiente gestión del Servizo Galego de Saúde para aportar soluciones, al margen de “ocurrencias” y “parches” definidos así por diferentes colectivos como el de sustituir a médicos por personal de enfermería en los centros de urgencias donde no haya facultativo.

Hoy se ha sabido que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón al Sindicato de Médicos Independientes O´Mega frente al Sergas y el Ejecutivo autonómico, que ha resultado condenado por el trato dispensado a los profesionales. En concreto, en su resolución determina que es por “vulnerar” los derechos de “médicos de Atención Primaria” y “pediatras”.

El motivo lo explicó el citado sindicato claramente en su escrito de denuncia ante la Sala de lo Social del TSXG presentado en agosto. En él ponían de manifiesto la “desproporcionada carga de trabajo” que el Servizo Galego de Saúde y, por ende, la Consellería de Sanidade de la que depende, someten a los facultativos de las especialidades mencionadas.

Además, llegaban a hablar de que estos médicos se ven obligados a atender a alrededor de 70 pacientes cada día. Esta cantidad es el doble del límite que, curiosamente, fija Ejecutivo presidido en ese momento por Feijóo en la normativa autonómica de la que se ha presumido en diferentes ocasiones y cuyo objetivo debía ser el de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.

Más bajas y menos personal

Esta carga de trabajo, tal y como han señalado en repetidas ocasiones los defensores de la sanidad pública, es una de las consecuencias de la escasez de personal y de la ausencia de medidas que palien esta situación.

Precisamente, esta misma semana las urgencias del Hospital Montecelo de Pontevedra viven una situación caótica con cuarenta pacientes esperando su ingreso, según denunció ayer la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Montse Prado, y el servicio colapsado. Por ello, la dirección de área se ha visto obligada a derivar a enfermos a centros privados o de otras zonas de la provincia.

En la sentencia que este miércoles se ha conocido, el TSXG considera que el Sergas no cumple con lo que está derminado en materia de “prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo del colectivo médico y de evaluación de los riesgos en su puesto de trabajo”. Esto, grosso modo, es el principal argumento del Alto Tribunal gallego para fallar condenatoriamente a los dos organismos autonómicos.

Sin duda alguna, para comprender esto es fundamental atender a los razonamientos de O`Mega en su escrito de denuncia.

El Sindicato de Facultativos Independientes ponía de relieve que esa sobrecarga de trabajo mencionada por el TSXG “ocasiona perjuicios tanto para el personal médico”, así como para los usuarios de la sanidad pública. Los primeros porque ese tipo de gestión provoca un importante incremento de “incapacidades laborales” y, en el caso de la ciudadanía, deriva en que no reciba una asistencia de calidad acorde con los estándares diseñados por el propio Gobierno gallego.

Incumplimiento de su propia normativa

Se da la circunstancia de que Galicia dispone desde hace más de un año de una normativa aprobada en tiempos de Feijóo centrada, supuestamente, en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Así, bajo el título de Criterios de Calidade das Axendas dos/as Médicos/as de Familia de Atención Primaria, se fija en 40 el número máximo de enfermos a atender por cada facultativo diariamente; sin embargo, esta cantidad no es difícil, y así lo señaló O`Mega en su escrito de denuncia, que lleguen a atender hasta 80 personas a lo largo de su jornada.

Ante todo esto, el Tribunal considera que Xunta y Sergas no atendieron a los planes de prevención de riesgos aplicables, derivando en un riesgo claro para la salud de los médicos de la Atención Primaria gallega.

Uno de los aspectos más destacados del fallo del TSXG queda patente en la afirmación de que "se constata un incumplimiento generalizado de la normativa preventiva vigente en relación con la realización de las evaluaciones de los riesgos psicosociales", en alusión a la sobrecarga laboral.

A raíz de esta sentencia, contra la que cabe recurso, son muchas las voces que opinan que la Xunta se queda sin argumentos en sus ataques al Gobierno central por los problemas de la sanidad pública gallega.

Desde el Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda es permanente el responsabilizar a la Moncloa y a Pedro Sánchez de dichos problemas por, entre otras cuestiones, no habilitar la posibilidad de contratar a más médicos. La realidad parece distinta y revela que los inconvenientes en forma de colapso y caos derivan de la gestión, o eso es lo que vienen denunciando desde hace años entidades y colectivos defensores de la sanidad pública.