El Gobierno de España va a tener que hacer frente irremediablemente al problema de la autopista AP-9, que conecta Galicia de Norte a Sur, desde A Coruña hasta Vigo. Desde hace tiempo el Partido Popular viene reclamando el traspaso de la gestión de esta carretera a la Xunta para proceder a hacerla gratuita. En realidad, como han denunciado en más de una ocasión los colectivos de usuarios de la vía y los partidos de la oposición, los 'populares' se estaban preparando para tratar de dar la vuelta a un asunto creado por ejecutivos del PP hace años, con José María Aznar al frente. 

Ahora la Comisión Europea toma una decisión drástica que tiene que solucionar el Gobierno de España, pero que se refiere a esa prórroga de Aznar. El organismo comunitario acaba de dar un nuevo ultimátum al equipo de Pedro Sánchez para que enmiende las irregularidades por las que fue prorrogada la concesión del peaje de la AP-9. Según Bruselas, las condiciones que se siguieron por parte del Gobierno del entonces líder de los 'populares' y hoy responsable de FAES, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Moncloa dispone de dos meses para resolver el asunto, y en caso contrario los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este sentido, Bruselas insta a España "a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas", tal y como ha indicado la propia institución al informar del envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas.

Cabe recordar que España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (la otra vía afectada por la decisión europea) por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, para posteriormente vender ambas concesionarias "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria.

Equivalente a nuevos contratos

Ante esta situación, la Comisión considera que estas prórrogas constituyen "modificaciones sustanciales" que son "equivalentes" a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un "procedimiento de licitación competitivo", de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia.

La autopista AP-9 es de titularidad estatal, aunque gestionada por una empresa privada, y mantiene abierta la controversia de su gratuidad respondida por Aznar con la prórroga concedida en 2003, durante su último mandato. 

En los últimos años ha vuelto a la actualidad tras la investigación abierta desde Europa, precisamente, por esta prórroga. Los dirigentes del PP, coincidiendo con las últimas elecciones autonómicas de febrero de 2024, se afanaron en repetir la petición de gratuidad, tal vez, como piensan desde algunos ámbitos, sabiendo que esto que se ha conocido hoy se iba a producir.

Así, la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido constante y contundente, acusándoles de no querer favorecer a Galicia y a los usuarios y obviando que el problema lo generó Aznar y Mariano Rajoy no lo solucionó en sus años en Moncloa.

Pero la polémica siempre ha rodeado a esta autopista que vertebra la región de Norte a Sur. Y esto es así porque en tiempos de Aznar como presidente, antes de la prórroga que ahora se considera ilegal, curiosamente se produjo la privatización impulsada hace más de dos décadas. 

Este movimiento de Aznar, sin embargo, también ha sido considerado sospechoso, puesto que el cambio de pública a privada ha sido considerado por el comisario de Mercado Interior un elemento clave en el cuestinamiento de la prórroga que el Gobierno de Aznar dispuso a favor de Audasa (empresa todavía pública en ese momento) aquel año con una vigencia de 25 años más (hasta 2048). Y esto es así porque ya en 1999 se planteaba esa privatización. Lo revelaba la citada misiva que se remitió al Gobierno de España. En ella, el comisario europeo advertía de que, cuatro años antes -1999- Aznar y sus colaboradores en Moncloa ya apostaban por esta privatización y, lo que es más grave, que “la prórroga era un mecanismo para aumentar su valor de mercado”.

Cuando en junio del año pasado se conoció esta carta, Bloque Nacionalista Galego y PSdeG pidieron explicaciones a la Xunta de Galicia, así como la apertura de una comisión de investigación. Ahora, con esta decisión de la Comisión Europea, el PP volverá a la carga con la gratuidad, culpando al Gobierno central de su no traspaso, pero olvidando que el problema lo generó en realidad José María Aznar, tal y como subrayó el comisario europeo de Mercado Interior.