La Xunta de Galicia reconoce el error y anuncia que solicitará al TSXG el análisis jurídico de si es o no válido el certificado Covid para acceder a locales de hostelería y ocio nocturno en los municipios con los niveles más altos de restricciones.

De esta manera, puede afirmarse que el fallo no ha sido premeditado y aquella orden del 22 de julio no se tramitó. En un comunicado, tras la polémica surgida después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dejara sin efecto una de las medidas anunciadas el 21 de julio por Alberto Núñez Feijóo por carecer de la preceptiva y previa validez jurídica, la Consellería de Sanidade dio a conocer la decisión de, ahora sí, acudir al alto tribunal.

Lo hará esta misma mañana, según ha informado. En realidad, el Gobierno regional no admite el error, sino que argumenta que no se pidió esa autorización previa porque “entendió que las medidas en cuestión no afectan a derechos fundamentales”. Curiosamente, otras acciones aprobadas el día anterior (21 de julio) sí fueron trasladadas al TSXG.

En su afán por justificar el polémico certificado, han explicado desde la administración gallega que la “exigencia” del mismo “permitió” que los establecimientos pudieran abrir sus zonas interiores “en situaciones en las que antes estaban cerrados”. Por ello, sigue manteniendo el equipo que dirige Feijóo que es “una medida alternativa menos gravosa” que el propio “cierre de estas actividades”.

Cabe recordar que el auto que ha provocado la rectificación de la Xunta lo dio a conocer ayer el TSXG tras un recurso presentado por empresarios hosteleros de Santiago de Compostela, en el que reclamaban la suspensión de las medidas derivadas de la orden del 22 de julio.

Ahora, este colectivo ha mostrado su “satisfacción” por la resolución del Tribunal, al tiempo que ha lamentado que esta “medida ilegal estuviese vigente durante tres semana”. A su juicio, en ese período se provocó “un perjuicio incalculable a la restauración, a los alojamientos, a proveedores y, sobre todo, la ocio nocturno”.

Del mismo modo, los hosteleros han criticado que “la supuesta madurez de la administración autonómica quedó en evidencia al decretar una orden que no contaba con la preceptiva autorización/ratificación judicial”, para volver a insistir en la “enorme repercusión” que el certificado ahora anulado tuvo en el “desarrollo ordinario de la actividad”.

Pero las críticas a la Xunta no llegan solo del sector afectado. El principal partido de la oposición, el Bloque Nacionalista Galego, además de pedir la comparecencia urgente del presidente gallego, su portavoz en materia de Industria, Ramón Fernández, ha calificado lo ocurrido como “chapuza”. El dirigente ha explicado que, tal y como se ha ido denunciando desde el sector en este año y medio de pandemia, el Gobierno autonómico continúa instalado en la “más indignante improvisación”, al tiempo que lo acusa de “falta de medidas económicas” que complementen las relativas a las restricciones.

Evidente “fundamento sanitario”

Por parte del PSdeG, su secretario general, Gonzalo Caballero, también ha sido contundente a la hora de referirse al auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, coincidiendo con el BNG en calificar la actuación de la Xunta como “chapuza”.

El socialista ha centrado sus críticas en la persona de Feijóo de quien ha dicho que “no puede jugar con un sector que lo está pasando muy mal”.

Hoy, el presidente de la Xunta de Galicia tiene en su agenda dos actos (en Pontevedra y Cambados). El primero de ellos será para recibir a los deportistas gallegos que han tomado parte en los Juegos Olímpicos de Tokio, un acto propicio para dar su opinión sobre lo ocurrido con las medidas de esa orden del 22 de julio, aunque será difícil que admita algún tipo de error.

Por su parte, también se espera que en breve se pronuncie el TSXG, una vez Sanidade haga la consulta jurídica sobre el certificado. Tal y como ha sucedido hasta ahora, es probable que dicho documento vuelva a tener validez.

Si no fuera así, chocaría la decisión del alto tribunal con una resolución propia del pasado día 6 de agosto en la que denegaba una cautelarísima solicitada por una asociación de empresarios de Lugo para que dejase sin efecto la obligatoriedad del certificado.

En su argumentación de aquel momento, además de indicar que las medidas del Gobierno autonómico encierran un “evidente fundamento sanitario”, señaló que detrás de las acciones de Sanidade hay un “interés” real en “evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención”.