El sector hostelero de Galicia ha mostrado, en más de una ocasión, su malestar con la situación que generan las medidas restrictivas que las distintas administraciones han venido imponiendo desde marzo de 2020 para frenar el avance de la pandemia.
Las pérdidas que acumulan los profesionales han llevado a muchos a echar el cierre, de ahí que la última vuelta atrás provocada por la virulencia de esta quinta ola que ahora empieza a remitir haya generado lo que podría llamarse la última queja de un ámbito económico que, según dicen sus representantes, está herido de muerte.
Conciliar las medidas sanitarias con la economía es, para los expertos, una labor complicada. Los profesionales hosteleros aseguran que no quieren dejar a un lado dichas acciones preventivas, pero tampoco desean ser casi los únicos señalados cada vez que se registra un aumento de contagios.
Empresarios de Santiago de Compostela celebraron en las últimas horas una rueda de prensa para anunciar la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la Orden de la Consellería de Sanidade del pasado 22 de julio en la que se establecen medidas que “afectan al sector hostelero”.
En la rueda de prensa anterior a la publicación de esa Orden ofrecida por el presidente de la Xunta de Galicia que tuvo lugar el miércoles 21 de julio. En la misma, Alberto Núñez Feijóo, tras decir que “no podemos castigar de nuevo a la hostelería”, detalló una serie de medidas que afectan desde entonces tanto al ocio nocturno como a los aforos interiores y exteriores de bares y restaurantes, incluida la necesidad de portar un certificado Covid en los municipios con riesgo alto o muy alto.
Contra esas decisiones va el recurso interpuesto el 6 de agosto y que ya ha sido admitido a trámite por parte del TSXG. Lo apoyan hasta 16 asociaciones aglutinadas en torno a Hostalería Federada Galega (HOSFEGA) y la Plataforma Galega en Defensa da Hostalería. Ambas entidades representan a más de 4.000 empresas en Galicia.
En la comparecencia ante los medios, los profesionales hosteleros compostelanos explicaron que el escrito de impugnación es una “continuación de una serie de medidas que pretenden visibilizar la problemática que afecta al sector” por las limitaciones establecidas desde el inicio de la pandemia. A su juicio se trata de acciones “desproporcionadas, discriminatorias y no consensuadas”.
Del mismo modo, llamaron la atención sobre la “fuerte criminalización” que recae sobre la hostelería por el mero hecho de tener que adoptarlas, aunque se mostraron convencidos de que, sin embargo, no son “efectivas” para frenar los contagios.
Como argumento para razonar lo anterior, aclararon que, lejos de ser el problema, pueden convertirse en “parte de la solución” puesto que a causa de las restricciones que les afectan han proliferado actividades de ocio privadas sobre las que no hay control. Estas alternativas a la hostelería son el principal peligro para los contagios, algo que, como recordaron los empresarios santiagueses, reconoció el propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, el martes de esta misma semana.
Ayudas directas al sector
Uno de los apartados más controvertidos que afecta al sector tiene que ver con las ayudas directas por parte de las administraciones, en este caso la autonómica que es la competente. A principios de junio, el portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Juan Carlos Francisco, preguntó qué había pasado con el dinero destinado por el Gobierno central a la Xunta para hostelería y autónomos. El diputado cifró esa cantidad en 234 millones de euros.
En la rueda de prensa de ayer, los empresarios volvieron a reclamar un “plan de indemnizaciones real” para poder hacer frente a las pérdidas registradas.
En palabras de Lois Lopes, uno de los profesionales participantes en la comparecencia, el sector “está dispuesto a estudiar medidas de carácter efectivo que nos permitan trabajar al 100% de nuestras posibilidades”. Esto teniendo en cuenta tanto las limitaciones de capacidad como los horarios que “tenemos establecidos con nuestras licencias”.
Por ello, se muestran partidarios de que se valore la opción de un pasaporte sanitario al estilo del operativo en Francia que “permite al sector país trabajar sin restricciones”. De no ser así, “que indemnicen”, añadió a modo de conclusión.
Ahora habrá que esperar la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No obstante, si se atiende a los precedentes, pocas posibilidades tienen los hosteleros de Santiago y, por extensión, los del resto de Galicia a que el alto tribunal les dé la razón.
Sin ir más lejos, la semana pasada echó por tierra la petición de una asociación empresarial de Lugo de medidas cautelarísimas para suspender la obligatoriedad de pedir a los clientes el certificado Covid, sin olvidar el contundente escrito del TSXG para impedir la reapertura del sector solicitado por la hostelería de A Coruña.
