La vivienda es uno de los grandes caballos de batalla de la política actual. Los precios de venta y, sobre todo, de alquiler se han disparado hasta ofrecer cifras ridículamente exageradas.
Es uno de los mejores negocios para los grandes inversores, en particular en las grandes ciudades. Que es un problema que preocupa y mucho a la ciudadanía lo demuestran los diferentes sondeos de entidades públicas y privadas que lo sitúan en los primeros lugares entre aquellos que generan mayor inquietud entre los españoles.
En concreto, en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas se encuentra en el primer lugar entre las preocupaciones de la población, por delante de cuestiones como la crisis económica, el paro, la inmigración o el papel de la clase política.
Desde el Partido Popular, a nivel nacional y autonómico, no ha habido nunca una apuesta clara por la vivienda pública, a la que apuntan los expertos como clave para provocar el descenso de los alquileres. Muy al contrario, en comunidades como la de Madrid se ha apostado por la liberalización del suelo y, recientemente, no se ha atendido la petición a través de una iniciativa legislativa municipal de declarar zonas tensionadas en las ciudades con la que se buscaba otorgar capacidad a los ayuntamientos para poder intervenir el precio de los alquileres.
A pesar de esto, ante la presión social, los 'populares' en las regiones en las que gobiernan han decidido tomar cartas en el asunto, pero siempre a su manera.
Fracaso del teléfono antiokupa
Es lo que ha sucedido en Galicia donde el Bloque Nacionalista Galego habla de “estafa” en relación con el anuncio realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
De este modo, la portavoz del BNG, Ana Pontón, le ha dado esa calificación de “estafa” al hecho de que el Partido Popular anuncie como protegidas las mil viviendas previstas en el barrio coruñés de Xuxán “para poner en alquiler con una renta de casi 1.000 euros al mes”.
Para la líder nacionalista esto es un “timo” y supone “jugar con las expectativas de los gallegos que buscan una vivienda digna a la que tienen derecho”.
Aludiendo directamente a Rueda, Ana Pontón pregunto si “los 4.000 pisos protegidos que anuncia después de 16 años en los que dinamitó la política social de vivienda serán como los ofertados” en el citado barrio de la ciudad herculina. Cabe recordar que esa promoción se hizo pública en marzo pasado “con la promesa de que saldrían al mercado con alquileres moderados que resultaron ser de hasta 975 euros al mes”. En palabras de la dirigente del Bloque, “no sé si Rueda cree que un alquiler social son 1.000 euros al mes, pero la mayoría de las personas, de los jóvenes, no considera que eso sea un alquiler social”.
Curiosamente, tal y como ha denunciado Pontón, el modelo elegido por el Ejecutivo gallego es una colaboración público privada que, en el caso de los 224 pisos de alquiler de Xuxán “pasa por regalar suelo público a una gestora de Madrid, mientras se niega a poner tope a los precios tal y como pide el BNG”.
Para la líder de los nacionalistas gallegos, esta promoción de viviendas en alquiler son una muestra más de la errática política en la materia por parte del Partido Popular, que “en lugar de atender el problema real” como este, “ofrece propaganda y medidas ineficaces, creando además problemas que no existen”, citando en este punto “el fracaso del conocido como teléfono antiokupas, que tan solo recibió 3 llamadas” a lo largo de todo 2024.
