Cuando Feijóo habla de vivienda, realmente está pensando en la especulación y en el pelotazo urbanístico. Usa este tema como arma política para intentar desgastar al Gobierno, pero omite un detalle clave: las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas. Sí, no mientan. Las competencias de vivienda son de Ayuso, Moreno Bonilla, Mazón… y ninguno de ellos está haciendo nada por reducir los alquileres ni por promover la construcción de viviendas de protección oficial ni por sancionar los pisos turísticos ilegales.
Feijóo no habla con honestidad. No todos los gobiernos son iguales. No es lo mismo un Gobierno del PP, que durante la crisis financiera dejó a 600.000 familias desahuciadas, que un gobierno progresista, como el de Pedro Sánchez, que ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia.
No es lo mismo una derecha que entregó las viviendas de protección oficial a fondos buitre, que un gobierno progresista que ha multiplicado por ocho el presupuesto de vivienda. No es lo mismo el Gobierno de Rajoy, que eliminó las ayudas al acceso a la vivienda aprobadas por Zapatero; que un Ejecutivo que ha presentado el plan de vivienda más ambicioso de nuestra historia.
Cuando Feijóo habla de vivienda, tampoco quiere reconocer que aplicar la Ley de Vivienda funciona, por supuesto que funciona. En Cataluña, por ejemplo, la limitación de precios ha reducido el coste del alquiler en un 6,4% y un 3,7% en otras “zonas tensionadas”. País Vasco, Navarra o Asturias han seguido ese camino. Curiosamente, ninguna comunidad gobernada por el PP ha querido aplicarla. ¿Por qué será?
Tampoco menciona Feijóo la herencia de Rajoy. Con Zapatero se construían una media de 115.000 viviendas protegidas al año. Con Rajoy, esa cifra se redujo a solo 5.000 anuales. Así que no, el problema de la vivienda no empezó con este Gobierno. Lo que empezó fue la voluntad política de solucionarlo.
El pasado 5 de abril, miles de personas salieron a la calle en toda España para pedir algo que es justo: una vivienda para vivir, no para especular. Pero esto solo será posible si todas las administraciones se implican. El problema es que donde gobierna el PP, no están por la labor. Todo lo que sea bueno para la mayoría de los españoles, nunca contará con el apoyo del PP de Feijóo.
Es cierto que siempre se puede hacer más. Pero no es menos cierto que, mientras el Gobierno de la nación trabaja y se esfuerza por buscar soluciones, el PP se limita a mirar desde la barrera o, directamente, a bloquear cualquier avance.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la nación son muchas. Además de la Ley de Vivienda, se ha creado una empresa pública para construir y gestionar vivienda social, incorporando 30.000 inmuebles de la Sareb y promoviendo la compra de suelo público.
También se han impulsado beneficios fiscales para quienes alquilan por debajo de los precios de referencia, mecanismos de seguridad para propietarios e inquilinos y nuevas normativas contra los pisos turísticos ilegales, tratándolos como actividades económicas y obligando a su registro.
Contrario a lo que dicen los catastrofistas, la regulación no ha frenado la construcción: en 2024 se visaron 126.761 viviendas, más que los hogares nuevos creados ese año (111.548). Es el mejor dato de la última década. Además, el parque de vivienda social crece del 2,5% al 3,4%, acercándonos poco a poco a la media europea.
También se combate el fraude en los alquileres de temporada. Un registro único evitará que se ofrezcan pisos turísticos sin acreditar necesidad puntual. Los vecinos tendrán la última palabra sobre su instalación, y este verano, las plataformas no podrán publicarlos si no están registrados. Porque la ciudad no es un parque temático.
Otra medida que el PP rechaza es el blindaje de la vivienda protegida. Pedro Sánchez plantea que mantengan su carácter social de forma indefinida. A ello se suman los bonos de alquiler joven o los avales para hipotecas, con una visión clara: la vivienda como derecho, no como negocio.
El PP ni está ni se le espera cuando se trata de facilitar el acceso a la vivienda. Incluso llevaron la Ley de Vivienda al Constitucional. Con esta actitud, bloquean políticas que garantizan el derecho a un hogar digno y, con ello, impiden el cumplimiento de la Constitución.
El mensaje del presidente del Gobierno es claro: “La vivienda no puede seguir siendo una mercancía, ni un bien al servicio de la especulación”. “El acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad social, no un lujo solo para quien pueda pagarlo”.
¿Y qué propone Feijóo? Lo mismo que Aznar hace 20 años: un “copia y pega” de medidas que ya fracasaron y que alimentaron una burbuja inmobiliaria. Su modelo se basa en desregular el mercado, lo que nos llevó a precios disparatados y a la venta de vivienda pública a fondos de inversión.
España necesita políticas valientes. La vivienda tiene que dejar de ser un problema y convertirse en una solución. Este Gobierno no tiene una varita mágica, pero sí un compromiso firme: que nadie se queda atrás.
Porque el futuro de la vivienda definirá la sociedad en la que viviremos. Podemos elegir entre una sociedad donde la vivienda sea un privilegio para unos pocos, o una donde sea un derecho para todos. Pedro Sánchez defiende lo segundo. Y seguirá trabajando, a pesar de los obstáculos, para garantizar que cada persona tenga acceso a un hogar digno.
