El verbo condonar, según la Real Academia de la Lengua, significa “perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda”. Lo primero, está desterrado del Código Penal español; lo segundo, la referencia económica, es más habitual entre particulares si las cantidades no son excesivas, y ha de estar muy justificada y es más infrecuente en el caso de que una de las partes involucradas sea una administración pública.

En este último supuesto puede incluirse el episodio que acaba de hacer público la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega. Según esta organización, en la actuación de la ex directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta, Paula Uría, podrían haberse producido posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

De hecho, Adega cree que hay indicios de comisión de estos presuntos delitos y hoy mismo ha presentado la querella criminal ante el Juzgado de Instrucción correspondiente de Santiago de Compostela contra Uría.

La conducta que podría haber conculcado la normativa legal se refiere al perdón de “una deuda con la hacienda pública” a la empresa Greenalia. En total, sitúan la cantidad condonada “de forma arbitraria y en contra del ordenamento jurídico”, en alrededor de 12 millones de euros.

Tal y como explica la Asociación, los hechos ahora denunciados se produjeron en julio de 2021, con la firma por parte de la que entonces era directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de una resolución administrativa que suponía dar el visto bueno a una propuesta de Greenalia. En la misma se introducía una modificación del plan industrial asociado a la adjudicación de megavatios para el parque eólico Campelo, relativo al concurso de 2010.

En aquel procedimiento, la compañía promotora (ese año era Kaekias Eólica S.A.) logró la potencia eólica solicitada para la construción del citado parque. No obstante, se estableció una condición de ejecutar el plan industrial asociado al mesmo.

Sin embargo, con el del tiempo, la empresa no ejecutó este plan y “en su lugar decidió monetizarlo, quedando obligada a ingresar 11.721.971 euros en el fondo de capital-riesgo del Instituto Galego de Promoción Económica, Igape. Para ello disponía de un mes desde la puesta en marcha en funcionamento del parque eólico Campelo.

El asunto vivió un nuevo capítulo en 2017 cuando la titularidad del proyecto y de todo lo que derivaba de él “pasaron a manos de Greenalia”, recuerda Adega.

Dos años después, la nueva propietaria “rechazó hacer frente a la monetización del plan industrial” y, por ende, al pago de los casi 12 millones de euros a la hacienda gallega. A cambio de esto Greenalia presentó una nueva propuesta en la que daba por ejecutado el plan industrial y que, a pesar de que nada tenía que ver con lo aprobado en 2010, Paula Uría en julio de 2021 dio luz verde al cambio. Uría, finalmente, cesa en su cargo en junio de 2023.

Mato, con Feijóo desde el principio

Este tema entra en campaña porque entre los cargos directivos de Greenalia se encuentra Beatriz Mato, histórica del Partido Popular de Galicia perteneciente al núcleo más próximo a Alberto Núñez Feijóo, en cuyos equipos estuvo desde que el ahora líder nacional de la formación accedió ala presidencia de la Xunta en 2009.

En más de una ocasión se ha puesto sobre la mesa un trato de favor hacia la compañía de Mato, a la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado más de un varapalo en forma de paralización de proyectos, como este de Campelo.

Cabe recordar que Beatriz Mato ha sido conselleira de varios de los Gobiernos de Feijóo y compañera de Consello de Alfonso Rueda. Ocupó la titularidad de las carteras, primero de Traballo e Benestar (de 2009 a 2015) y posteriormente la competente en materia de parques eólicos, es decir, la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 2015 a 2018. Solo dejó sus cargos en la formación en 2020 cuando, por los resultados de las municipales de 2019, no pudo hacerse con la alcaldía de A Coruña, para la que era candidata 'popular'. Desde hace unos años forma parte de los consejos de Administración y Dirección de Greenalia.

Su nombre vuelve a salir a la palestra a raíz de la querella interpuesta por Adega contra Paula Uría, a la que atribuye una “posible responsabilidad criminal”, en su puesto como alto cargo del gobierno de Alfonso Rueda y como firmante de esa condonación.

Entre sus argumentos, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia señala que la ex directora general podría haber actuado “con radical arbitrariedad y total ausencia de base legal, desviándose de la normal praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente”.

A lo anterior, añaden los indicios de que Uría habría dado por ejecutado un plan industrial que condujo a la condonación de una deuda de casi 12 millones de euros que la empresa de Beatriz Mato mantenía con la hacienda pública basándose en actividades que, en algunos casos, para su desarrollo Greenalia había recibido “cuantiosas ayudas públicas”.