El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago es uno de los más grandes de Galicia. Ubicado en la capital, desde hace tiempo presenta problemas derivados, según los defensores de la sanidad pública, de los recortes practicados desde la Xunta.
Al frente del área sanitaria a la que pertenecen estas instalaciones se encuentra la prima de Alberto Núñez Feijóo. Eloína Núñez acumula, desde que en 2017 fue elegida para este cargo, diferentes quejas tanto de los profesionales como de pacientes, lo que pone en entredicho su gestión al frente del mismo.
La última de estas denuncias ha sido elevada a la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo) por la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS. La queja en cuestión se refiere a la “vulneración reiterada de derechos que están sufriendo los pacientes oncológicos”. Precisamente, en el escrito presentado ante este organismo se argumenta que los enfermos no recibieron la atención prevista en los protocolos que se deberían seguir en el tratamento de sus dolencias.
Según revela este colectivo, actualmente se mantienen suspendidas “las consultas presenciales de pruebas diagnósticas de control, seguimiento y evaluación”. Para los afectados, esto supone que, por parte de la gerencia del área sanitaria que dirige Eloína Núñez, se está produciendo un “incumplimiento del código deontológico de la profesión médica al dejar de velar porque las prestaciones se adapten a las necesidades asistenciales de la población”.
Los denunciantes responsabilizan directamente a la gerencia al señalar que la situación que están atravesando responde a una decisión de natureza administrativa o gerencial; para ellos, la misma “socava el derecho de atención personalizada por la carencia de recursos humanos”, lo que en sí mismo es también un acto contrario al citado código sobre el que camina la profesión médica.
Esta queja de usuarios del Complejo Hospitalario de Santiago no es la primera que pone en entredicho la gestión de Eloína Núñez. En este sentido, desde que accedió a este puesto hace siete años, acumula varias controversias, incluidas protestas.
No obstante, los momentos más tensos los vivió durante la pandemia, con descontento de usuarios y profesionales y declaraciones poco acertadas, como señalaron los médicos en su momento. En ellas, recogidas en una entrevista en La Voz de Galicia, responsabilizaba a los facultativos de contagiarse no por desempeñar las tareas propias de su trabajo, sino que “se trataba de profesionales que habían estado en alguna jornada, congreso o reunión fuera de Galicia", para añadir que “llegó un momento en el que en las salas de café que hay en las plantas retiramos los sillones donde se sentaban los profesionales, porque esto hacía que estuvieran juntos más sanitarios, lo que daba lugar a favorecer el contagio entre ellos".
Código deontológico
Ahora, de nuevo, la gestión del área y del equipo de propio Complejo Hospitalario Universitario de Santiago vuelve a estar en entredicho por la denuncia de estos pacientes oncológicos.
A su juicio, tal y como subrayan en un comunicado, “están dejando de prestar el seguimiento de los tratamientos o procedimientos terapéuticos incluidos en la cartea básica del servicio especializados y reconocidos en el RD 1030/2006 del 15 de septiembre”, lo que vulnera el principio “de prestación obligatoria y no disponibilidad por parte de las administraciones competentes en materia sanitaria”.
Cabe recordar, y así lo hacen los afectados, que los criterios de seguimiento de los enfermos de cáncer aparecen especificados en los protocolos de atención y siguen el consenso científico. Tal y como se desprende de estos, debido a la posibilidad de la reaparición de la enfermedad a lo largo del tratamiento establecido que precede al alta médica y que suele abarcar un período extenso de tiempo, se fija la necesidad de realizar pruebas y consultas de control cada 3 o 4 meses durante el primer lustro y anuales a partir de ese momento.
Lo que ocurre en las instalaciones hospitalarias de Santiago es que los enfermos de cáncer soportan “demoras de entre 1 y 8 meses desde la fecha en que se debieron realizar las consultas y sufren la incertidumbre y la presión psicológica que representa una tardanza en la atención y en la información ante un eventual rebrote”, como señala la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.
Todo lo que deriva de esta situación va en contra de los pacientes y sus familiares y la no realización de las consultas presenciales conlleva un incumplimiento de la obligación de ofrecer la información sobre el resultado de pruebas diagnósticas que marcha la Ley de Salud de Galicia.
De ahí que, ante la falta de respuesta, estos enfermos hayan decidido pedir amparo ante la Valedora do Pobo.
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