El asunto de los abusos sexuales en el seno de la iglesia continúa de actualidad y así seguirá mientras no haya una investigación y su paso a procedimientos judiciales, tal y como han anunciado las personas que han sufrido este tipo de comportamientos, así como los colectivos que defienden sus intereses.

Galicia no es ajena a estos episodios. Por ello, ante lo que los partidos consideran una posición poco clara del presidente de la Xunta ante estos casos, el PSdeG ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que solicita a la Valedora do Pobo que elabore un informe sobre “la situación de posibles abusos a menores por parte de la iglesia católica” en la región.

Los socialistas piden a la responsable de la institución que “tome cartas en el asunto” en cuanto se constituya “el alto comisionado del Parlamento” autonómico que ha de velar por la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título I de la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía. Por ello, Paloma Castro, portavoz de Justicia e Interior del PSdeG en O Hórreo reclamó ayer que el citado informe se prepare “en colaboración con todos los colectivos y personas implicadas.

Por su parte, el responsable de Política Institucional del mismo grupo, Pablo Arangüena, instó a la Xunta a que “facilite la investigación”, al tiempo que le reclamó que preste “toda la colaboración posible para tal fin”, además de solicitar un protocolo específico para la comunidad educativa “con criterios orientadores y procedimientos de actuación básicos, pero claros y completos” ante estos casos.

Uno de los aspectos que más han llamado la atención en relación con este tema es la postura, para muchos ambigua, que ha adoptado el Gobierno gallego y, en particular, su máximo responsable.

En este sentido, Paloma Castro lamentó este miércoles la respuesta ofrecida por Alberto Núñez Feijóo ante estas denuncias de afectados, “rechazando una investigación a nivel nacional y relativizando el papel de la iglesia”, de ahí que haya insistido en esa “colaboración” por parte de la Xunta de Galicia en las pesquisas que se puedan iniciar.

La portavoz socialista, además de criticar la respuesta del presidente gallego, algo que calificó de “dificilmente comprensible”, señaló que la iglesia católica “ha sido la principal institución educativa a lo largo de la historia”, un papel que en la actualidad, sin ser el mismo, continúa siendo “muy importante en lo social y educativo, y pasando por sus manos millones de menores, sin comparación con ninguna otra institución”.

En los supuestos concretos denunciados, para Castro se trata de “graves vulneraciones de los derechos de las víctimas, cometidas a lo largo del tiempo y con importantes repercusiones y secuelas sobre su salud y crecimiento”, añadiendo que condicionario “su vida adulta”.