La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP‑CGT) ha presentado hoy, 11 de julio de 2025, una demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), acusando a la Generalitat Valenciana de vulnerar gravemente el derecho fundamental a la libertad sindical en Alicante.
El origen del conflicto se encuentra en la negativa de la Conselleria de Hacienda y Economía a reconocer a una delegada de CGT los derechos contemplados en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS): acceso a la documentación de la Junta de Personal, asistencia a reuniones sin descuento de permiso o vacaciones e interlocución con la administración. La Generalitat justifica esta postura argumentando que CGT no cuenta con representación formal en dicho órgano provincial, lo que, según la administración, justificaría la denegación de dichas prerrogativas sindicales.
Desde FETAP‑CGT sostienen que esa interpretación excluyente constituye una discriminación inadmisible que vacía de contenido el derecho a la libertad sindical protegido por el artículo 28.1 de la Constitución Española, la LOLS y los convenios internacionales, como los 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, argumentan que tanto el Tribunal Constitucional como el Comité de Libertad Sindical de la OIT reconocen el derecho de cualquier organización sindical, mayoritaria o no, a ejercer su actividad y representar a sus afiliados en condiciones efectivas.
El sindicato también recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los convenios internacionales ratificados por España prohíben el uso de categorías formales para limitar la acción sindical en el sector público, y exige que los representantes sindicales cuenten con “facilidades para ejercer sus funciones”, sin que el grado de representación sea un obstáculo.
Esta demanda se enmarca en una serie de acciones legales impulsadas este año por FETAP‑CGT en la Comunidad Valenciana. En mayo presentaron un informe al juzgado de Catarroja que identifica 357 “fallos críticos” en la gestión de la DANA, un informe que ya forma parte de un procedimiento judicial. Además, han logrado incluso sentencias contra el Ayuntamiento de Alicante: la pasada semana, el Juzgado de lo Social nº1 condenó al consistorio al pago de 8.500 € por vulnerar la libertad sindical de CCOO y devolver el acceso al correo electrónico al sindicato, en una denuncia por sanción tras convocar una concentración.
Ahora, la atención se centra en el TSJCV, que deberá decidir si la Generalitat ha vulnerado derechos fundamentales al imponer criterios puramente formales para negar acción sindical a un sindicato minoritario. El resultado será clave para fijar jurisprudencia sobre el alcance real de los derechos sindicales en el sector público, más allá de la representatividad formal.
En los próximos meses se espera que el tribunal analice detalladamente si la administración ha incumplido estándares constitucionales e internacionales. Un fallo favorable a CGT podría obligar a la Generalitat a facilitar el acceso a documentación, permitir la participación en reuniones sin descuento de días y reconocer interlocución oficial al sindicato, independientemente de su peso electoral. En caso contrario, la demanda podría prolongarse hasta 2026, con posibles recursos ante instancias superiores.
La FETAP‑CGT defiende que esta vía judicial no solo protege a sus delegadas en Alicante, sino que reivindica el derecho de todos los sindicatos, grandes o pequeños, a ejercer funciones reales y garantizar la pluralidad en la representación pública.
