La reclamación de la amnistía es el principal antídoto de las fuerzas independentistas para considerar propuestas insatisfactorias a los indultos y a la reforma del delito de sedición, además de constituir casi el único espacio compartido entre JxCat, ERC y CUP y de ser de las pocas banderas movilizadoras que les quedan. Mediante la exigencia de una amnistía para todos los encausados desde 2013 (según su contabilidad, unos 2800 además de los dirigentes del procés) se enlaza la denuncia de “la represión sistemática” con el supuesto fundamento del ejercicio del derecho de autodeterminación por persecución a una minoría nacional. Mas las expectativas de esta estrategia a medio y largo plazo son poco alentadoras para ellos por su crisis interna y por las malas noticias que les llegan de Europa.
Al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo condenando a los líderes del procés por sedición, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, no tardó ni un minuto en fijar el horizonte de una amnistía como condición previa y única a considerar para sustentar una salida negociada al conflicto soberanista. Un año largo después, el Parlament se despedirá de la actual legislatura con la aprobación de una resolución pidiendo la amnistía, cuyo valor, según los letrados, tendrá el valor de un deseo, como la mayoría de las resoluciones aprobadas por la cámara catalana en este largo periodo de gesticulación política.
A diferencia del indulto que supone una gracia para las penas, la amnistía rectificaría la consideración de delito del comportamiento de los condenados, subrayando el error de planteamiento del gobierno del PP y el exceso de la justicia; dando la razón a los dirigentes independentistas que siempre han alegado ser objeto de persecución política por ser independentistas. Este objetivo es ahora primordial para el conjunto del soberanismo. Para ERC, porque le permite compensar a los ojos del radicalismo su apuesta por la negociación con el gobierno central que les convierte en moderados; para JxCat, porque coincide plenamente con su actual posición de rechazar cualquier componenda con el estado.
La amnistía no está literalmente prohibida en la Constitución a diferencia de los indultos generales que sí lo están en el artículo 62 (i). Las discrepancias entre juristas sobre la viabilidad de una ley de olvido para el procés son manifiestas; de todas maneras, de formalizarse una iniciativa parlamentaria en este sentido y prosperar (algo difícil dada la negativa del PSOE y la derecha a considerar la opción) es fácil pronosticar que su destino sería el Tribunal Constitucional.
El Parlament podría enviar al Congreso una proposición de ley de amnistía pero increíblemente no lo hará y se limitará a aprobar una simple resolución. El objetivo de la misma es transparente, un guiño a las bases soberanistas y un intento de incomodar a los Comunes, partidarios del indulto como el PSC, pero, sobre todo, es un intento de tapar la incapacidad de la mayoría independentista de ponerse de acuerdo en la elaboración (o la conveniencia) de una ley de amnistía en la cámara catalana.
Hace muy pocos días, Meritxell Budó, la portavoz del gobierno de la Generalitat adscrita a JxCat, anunció unilateralmente la presentación en el Parlament de dicha ley de amnistía. La iniciativa respondía a la campaña lanzada por la asociación Amnistía i Llibertat, a la que se habían adherido tanto el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, como los ex presidentes de la cámara. En el momento de la firma, Torrent glosó la amnistía como “única solución posible para poner fin a la injusticia que viven los miles de represaliados y para avanzar en la resolución democrática (el referéndum) del conflicto político. Y sin embargo, el anuncio de Budó ha quedado en casi nada.
La votación conjunta de una resolución para la galería parece ser el máximo sacrificio al que están dispuestos actualmente los diputados de JxCat y ERC, inmersos en una profunda crisis de relación política y personal que no empezará a reconducirse (en el mejor de los casos) hasta conocerse quien gana las elecciones. Todos ellos comparten la exigencia de la amnistía, sin embargo nadie está dispuesto a ceder el protagonismo al otro. ERC, por boca de Sergi Sabrià, presidente del grupo republicano en la cámara autonómica, ha adelantado que después del 14-F, el grupo republicano en el Congreso presentará su propia propuesta de ley de amnistía, un movimiento fuera del alcance de JxCat al no disponer de grupo en la cámara baja.
Mientras la tramitación de los indultos sigue su procedimiento, causando desazón en el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens (que los querría aprobados para antes de las elecciones catalanas) y convirtiéndose para el PP (que no los quisiera para nunca) en nuevo argumento de rechazo de la negociación de la renovación del CGPJ, el goteo de malas noticias prosigue para el independentismo en el ámbito europeo.
A las diversas proclamaciones de dirigentes europeos sobre el ineludible respeto a la Constitución en todos los países, incluida España, se le sumó recientemente el rechazo del Parlamento europeo a una enmienda de la diputada republicana Diana Ribó que pretendía incluir la defensa del derecho de autodeterminación en un informe sobre derechos fundamentales en la Unión Europea. Esta decisión, relativizada por los políticos independentistas y los medios afines, augura muchas complicaciones para la asociación minoría reprimida-autodeterminación en la que han centrado sus esperanzas para mantener vivo el pulso con el estado.
