El Gobierno de Carlos Mazón, obligado a devolver 80.000 euros cobrados irregularmente a la ONG 'Aita Mari'

El Jurado Económico de Administración de la Generalitat Valenciana se ha pronunciado en relación con el recurso planteado por la ONG propietaria del buque de ayuda humanitaria Aita Mari al que el Gobierno de Carlos Mazón cobró irregularmente 80.000 euros en concepto de tasas por el atraque en diversos puertos de titularidad autonómica entre julio y agosto del pasado 2024. La resolución jurídica da la razón a la organización sin ánimo de lucro y le libera del pago. Asimismo, impera a la administración autonómica a reintegrarle el total del dinero abonado. Por lo tanto, ha declarado ilegales y nulas las liquidaciones de tasas portuarias giradas por la Dirección de Puertos de la Generalitat.

“Este jurado acuerda estimar la reclamación interpuesta anulando la resolución impugnada, considerando la exención prevista en el artículo 4. Dos de la Ley 1/1999 (...) debiendo aplicarse la exención en los términos que preveía la Ley y sin que resulten aplicables criterios arbitrarios, el de permanencia en puerto por un determinado periodo de tiempo, no previsto en la norma”, ha indicado el órgano colegiado.

La organización sin ánimo de lucro responsable del Aita Mari, Salvamento Marítimo Humanitario, ha denunciado que “esta acción se enmarca en un intento de criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria, siguiendo el dictado del discurso abiertamente xenófobo y racista de la extrema derecha” y ha lamentado que “el actual gobierno de Mazón, siguiendo los acuerdos con VOX que buscan expulsar a las ONGs de rescate del País Valencià, intentó aplicar un criterio retroactivo ilegal, reinterpretando de manera contraria a la ley la normativa aplicable durante los últimos tres años para forzar el pago de las tasas”.

Ante esta situación, SMH ha subrayado que “como entidad defensora de los Derechos Humanos”, continuará “siempre firme frente a los ataques directos y los intentos de lawfare y criminalización de su actividad. Una tarea legítima y hoy más necesaria que nunca en un contexto de profunda crisis humanitaria”. Su aspiración es “preservar los valores de solidaridad y hermandad que distinguen a nuestra sociedad y contrarrestar el discurso de odio con la práctica de los DDHH”, han señalado sus representantes.

El cambio de postura del Govern se produce ahora, tras meses de choque directo, aunque para SMH no es suficiente: “Litigaremos hasta el final”, han asegurado, convencidos de que la devolución es fundamental para poder seguir salvando vidas en el Mediterráneo. No obstante, ya en el pasado mes de enero, la Comisión Europea dio una respuesta formal a la pregunta planteada por Vicent Marzá, eurodiputado de Compromís, sobre este asunto, en la que expresó dudas sobre la legalidad de estas tasas y alertó de “posibles riesgos en términos de seguridad jurídica”.