La aprobación de dicha iniciativa nos acercaría a las medidas adoptadas por nuestros vecinos franceses, cuya Asamblea Nacional acaba de aprobar (19 de diciembre de 2017) una ley que prohíbe de forma efectiva e inmediata el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos tanto en tierra como en el mar 

Después de distintas iniciativas impulsadas por la Alianza Mar Blava y por varios grupos parlamentarios y numerosas instituciones públicas y privadas, tanto de fuera y como de dentro de nuestras  fronteras, el pasado 22 de noviembre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente puso en marcha la fase de consulta pública del Real Decreto destinado a proteger el  Corredor de Migración de Cetáceos de la Demarcación Marina Levantina-Balear del Mediterráneo. 

Hablamos de un área marina protegida que ocupa unos 46.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de Balears, Catalunya y la Comunitat Valenciana. El Corredor acoge una gran diversidad de mamíferos marinos y otras muchas especies de estas aguas (tortugas, aves, peces…). El rorcual común lo utiliza frecuentemente como zona de paso migratorio hacía sus áreas de cría y alimentación en la zona norte del Mediterráneo; también están presentes el cachalote, el delfín mular y el delfín listado, así como especies buceadoras de gran profundidad tales como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier. 

La declaración de dicha área marina protegida debe suponer la imposibilidad de que puedan llevarse a cabo las prospecciones de hidrocarburos que algunas compañías petroleras – CairnEnergy, Repsol y Cepsa, entre otras-  ya habían solicitado y cuya superficie de actuación se solapa con la del Corredor. 

Esta nueva protección se uniría a la de otras muchas zonas del Mediterráneo porque se trata de un  mar cerrado donde los efectos negativos derivados de actividades para la búsqueda y extracción de hidrocarburos se trasladan muy fácilmente de una zona a otra debido a la multitud de corrientes marinas existentes. Tales circunstancias aconsejarían que el Gobierno alzase el veto a la proposición de ley del Parlament de Illes Balears, promovida a iniciativa de la Alianza Mar Blava y dirigida a prohibir nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. En esa misma línea, tampoco debería producirse veto alguno a una proposición similar presentada por el PSOE hace unas semanas en el Congreso de los Diputados mediante la cual se amplía el ámbito de aplicación de la prohibición  a todas las aguas marinas de jurisdicción española. 

La aprobación de dicha iniciativa nos acercaría a las medidas adoptadas por nuestros vecinos franceses, cuya Asamblea Nacional acaba de aprobar (19 de diciembre de 2017) una ley que prohíbe de forma efectiva e inmediata el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos tanto en tierra como en el mar, previendo que las concesiones de extracción  existentes habrán terminado en el año 2040. Además, con ello España se colocaría en la buena senda para dar cumplimiento a los objetivos europeos e internacionales en cuanto a la protección de los mares y océanos, respecto de la reducción de la quema de combustibles fósiles y en relación a la lucha contra el cambio climático. 

La medida ofrece, además, un marchamo de calidad a una España puntera en materia de turismo, actividad en la que el mar tiene un peso extraordinario y donde el respeto al medio ambiente es una apuesta imprescindible de futuro.