ERC ha iniciado ya su vía crucis hasta llegar a unas elecciones que nadie sabe cuándo se celebrarán. Los republicanos han sido declarados por el presidente de la Generalitat como socios desleales de un gobierno que ni unos ni otros se atreven a romper, aunque ya esté oficialmente roto. El partido de Oriol Junqueras tiene dos triunfos a capitalizar en esta etapa, los presupuestos y la mesa de diálogo; JxCat y Torra tienen como reto de los próximos meses socavar el rédito político que estos dos logros les podrían otorgar. La reacción de ERC al intento del PSOE de aplazar el inicio de las negociaciones hasta que haya nuevo ejecutivo catalán y de rebajar las expectativas de la reunión de Sánchez y Torra debe entenderse desde su nueva condición de responsables de la ruptura interna del independentismo, proclamada por Torra.
El arrebato de Quim Torra al sentirse abandonado por ERC, especialmente por Roger Torrent, ante el “nuevo golpe de estado” contra Cataluña, esta vez perpetrado por la JEC contra su propia persona, se moderó en el último instante, optando por una fórmula muy propia de su estilo: trueno verbal e inconcreción práctica. Al final, se trató de descualificar a sus socios de gobierno por desleales, o sea pérfidos y traidores, y ganar tiempo para que su partido se prepare para las elecciones anunciadas, pero no fijadas, sin efectuar ningún cambio en el gobierno para darle más elementos de inestabilidad a la transición.
ERC aceptó la crisis de patriotismo del gobierno sin atreverse a materializar su indignación por ser acusados de forma solemne como autores de una deslealtad a la presidencia de la Generalitat perpetrada en sede parlamentaria. Los republicanos no podían hacer otra cosa, salvo caer en desobediencia, que aceptar lo inevitable, la pérdida del escaño del diputado Torra, pero en la actual Cataluña rendirse a la evidencia es sinónimo de felonía. De todas maneras, ERC no puede asumir más riesgos que alienten la teoría de sus adversarios, resumida por la diputada Laura Borràs de esta manera: “ERC pagó por adelantado a Sánchez, que no es persona de fiar”.
La vicepresidenta Carmen Calvo salió a decir que en las nuevas circunstancias del gobierno catalán lo mejor sería no precipitarse en reunir la mesa de negociación y dedicar la reunión entre Sánchez y Torra a hablar de los efectos de las recientes inundaciones para no correr el riego de una voladura de los planes por parte del presidente de la Generalitat. Gabriel Rufián salió corriendo para Moncloa para modificar las previsiones del gobierno central y lo logró; la mesa se convocará en fecha incierta y en la reunión de los dos presidentes del día 6 se hablará de todo. Luego dijo que en el cambio de planes de los socialistas “no había mala fe, hicieron una lectura equivocada”.
La presión ambiental desatada en las redes al instante le pudo a ERC. El aplazamiento de la mesa por unos meses no sería un desastre para el país, el conflicto está endemoniado desde hace décadas y no va a resolverse ni en la primera ni en media docena de reuniones; sin embargo, los republicanos no están en condiciones de soportar más agravios por parte de sus detractores por su firme decisión de sumar con la izquierda en Madrid y alejarse de JxCat en Barcelona. Restando trascendencia a la reunión Sánchez-Torra, muy probablemente el PSOE estaba salvaguardando el futuro de la negociación, aunque le complicaba un poco más la vida a ERC por unos días.
Torra y diálogo es un oxímoron, dicen los socialistas catalanes y confundir los planes del presidente de la Generalitat con la mesa de negociación pactada con ERC es una temeridad. En su comparecencia del pasado miércoles, Torra no dijo que en su inminente encuentro con Pedro Sánchez pretendiera acelerar la puesta en marcha de la mesa, advirtió que su interés está en comprobar la “voluntad del estado para poner fin a la represión y respetar el 1-O”, en definitiva, la reclamación recurrente del ejercicio de autodeterminación en las declaraciones presidenciales.
Atendiendo a su desconfianza ya expresada sobre la negociación, no hay que descartar que Torra quiera actuar de notario mayor de Cataluña para certificar ante el independentismo que el gobierno del PSOE-Unidas Podemos no está dispuesto a asumir un nuevo referéndum de independencia en la mesa pactada por ERC. Después, podrá concluir, en perspectiva electoral, que la mesa no servirá para nada para el buen independentista, categoría a la que ya no pertenecen los republicanos, según el universo de Puigdemont-Torra, y que, por lo tanto, mientras él sea presidente de la Generalitat no se prestará a crear falsas expectativas ni a engañar a los compatriotas.
El riesgo es evidente, pero el partido de Junqueras no está dispuesto a rebajar el alcance electoral de sus bazas, como ocurre también con la decisión de aprobar los presupuestos pactados con los Comunes tan solo unas semanas antes de las elecciones, a pesar de lo inusual de esta práctica. En circunstancias menos excepcionales se consideraría un intento condenable de condicionar la política económica del futuro nuevo gobierno, pero buena parte de la opinión pública prefiere subrayar la urgencia de renovar los vigentes presupuestos aprobados en el lejano 2017. Tampoco hay que ignorar la hipótesis de que JxCat aproveche la tramitación de las cuentas para introducir algunas modificaciones substanciales, sin importarle abrir una nueva crisis, dada la ruptura existente. La participación en la negociación presupuestaria del partido de Torra fue mínima y ya expresó de entrada que está en contra del aumento de la presión fiscal fijada por Pere Aragonés para contentar a los Comunes.
