Carles Puigdemont ya vuelve a tener a ERC donde más le gusta, sin plan alternativo al suyo. Las iniciativas de la fiscalía le suelen ser muy propicias al ex presidente de la Generalitat y la de pedir al juez de vigilancia penitenciaria la anulación de los beneficios del tercer grado del que disfrutaban los dirigentes del procés le ha venido muy bien, en plena precampaña electoral catalana. En represalia al error manifiesto de la fiscalía, que provoca un estado de incomodidad manifiesto en buena parte de la sociedad catalana, los republicanos se han apresurado a congelar la mesa de negociación, renunciando a su principal hit político desde hace años, aunque solo sea de forma transitoria.

ERC se dispone  pues a enfrentar la campaña electoral a merced de JxCat, en una posición muy parecida a la que viene defendiendo sus rivales agrupados alrededor de Puigdemont, enarbolando la bandera de la autodeterminación y la reclamación de la amnistía, dos cuestiones que no tienen recorrido en la negociación política por parte del PSOE. Situados los republicanos en la misma onda que los legitimistas, la diferencia más substantiva entre los dos grandes rivales será la personalidad del candidato. De momento, las encuestas dan por delante a los republicanos, aunque el empuje de Puigdemont desde que no disimula que va a ser candidato al frente de su nuevo partido se nota en el recorte constante de la distancia. Desde mayo, ERC ha perdido casi la mitad de la ventaja de seis puntos de la que disfrutaba. 

Puigdemont ha alcanzado el séptimo cielo del líder populista; sus seguidores solo creen en lo que él les dice, sin importarles que otros puedan contradecir a su presidente, como acaba de hacer el lehendakari Urkullu a cuenta de la primera entrega de las memorias, o como ocurrió el otro día en su entrevista en TV3, cuando volvió a asegurar que de ganar las elecciones se presentaría a la investidura, extremo que ya prometió en vano en las últimas elecciones, sin embargo nadie de quienes le adoran se lo va a tener en cuenta.

Pere Aragonés no es el líder de ERC, tiene que dejar espacio a Oriol Junqueras aunque éste no pueda presentarse como candidato.  Y Junqueras necesita mucho espacio en los medios para explicar la alta consideración que tiene de si mismo y la mucha razón que atesoran sus argumentos. Además, Aragonés ni siquiera dispone de la credencial de ser un “perseguido por el estado”, como Junqueras o Puigdemont, y este es un déficit muy sensible para gran parte del universo independentista. Y por si su desventaja no fuera poca, Aragonés, como vicepresidente del gobierno de Quim Torra, ha decido soportar estoicamente los desplantes de su presidente, dirigidos a desgastar de los republicanos, permaneciendo en el ejecutivo sin mover un dedo.

Pedro Sánchez, que está convencido que le espera una legislatura larga y fructífera, prácticamente ni se ha inmutado ante la renuncia de ERC a paralizar la negociación. El gobierno central ya sugirió que lo mejor era no reunir la mesa hasta después de las elecciones autonómicas, que siguen sin fecha de convocatoria. Tal predisposición de ánimo respecto de su intermitente socio parlamentario hace que caiga en saco roto la exigencia de ERC, planteada por Aragonés,  de pedir la amnistía como condición previa a tomarse en serio la mesa de negociación.

La amnistía ha sido siempre la fórmula preferida de los independentistas para solventar la situación de sus dirigentes condenados por el Tribunal Supremo. La continuidad del encarcelamiento supone un inconveniente casi insalvable para la credibilidad de la negociación, aunque cuando no hay elecciones a la vista o interferencia del ministerio fiscal, los efectos paralizantes de la prisión parecen atenuarse, al menos en las filas de ERC. La perspectiva de un indulto se ha difuminado y la esperanza de una reforma del Código Penal, auspiciada por PSOE y Unidas Podemos en algún momento, ha desaparecido de la agenda del gobierno.

La defensa habitual del gobierno Sánchez ante los retrocesos en el normal funcionamiento de los beneficios penitenciarios, forzados por la persistencia de los fiscales, se limita a referirse a la existencia en el estado de derecho de la separación de poderes. La proclamación no tiene ningún efecto entre el independentismo pero tampoco entre muchos sectores de la izquierda, especialmente entre los asociados a los Comunes-Unidas Podemos, permanente acosados por el soberanismo por su participación en el gobierno de Madrid.

El portavoz en el Congreso de los Comunes,  Jaume Asens, dejó constancia de los efectos de tanta presión, apuntándose sin remilgos a la tesis de la venganza del estado, acuñada por el mismísimo presidente Torra en una comparecencia en el Palau de la Generalitat de estilo y tono escasamente institucional. Con este panorama, lo menos que podía esperar el presidente Sánchez después de la decisión del juez de vigilancia penitenciaria era la congelación de la mesa; en esto, la coincidencia con los deseos de Puigdemont era plena, aunque fuere lo único  en que pueden coincidir.