El movimiento independentista catalán, aunque con matices evidentes, sigue sosteniendo un relato basado en la absoluta inocencia de todos sus dirigentes políticos y sociales, a quienes considera víctimas de la represión injustificada e injusta del Estado. De ahí su exigencia pública de una amnistía que no solo les permita recuperar la libertad perdida sino que reconozca que todos sus hechos, en especial los que protagonizaron en el infausto otoño de 2017, no tuvieron ningún atisbo de actuación delictiva, ilegal o ilegítima.

Mal inicio resulta este para iniciar un diálogo como el que el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha ofrecido al Gobierno de la Generalitat presidido aún por Quim Torra. La oferta del gobierno de coalición de PSOE y UP es, en sí misma, una forma de autocrítica de la conducta mantenida por los anteriores gobiernos de España, los del PP que presidió Mariano Rajoy. Plantear esta mesa de diálogo es un reconocimiento público inequívoco de la existencia de un conflicto político de gran relevancia. Es tanto como reconocer que nada es ni será posible contra la legalidad de nuestro Estado democrático de derecho, pero asumiendo al mismo tiempo que no basta con el cumplimiento y el respeto a esta legalidad para resolver este conflicto.

Tanto PSOE como UP, así como PSC y ECP, han asumido esta posición de partida. Sin ella el diálogo estaría fracasado ya de antemano. Al menos en parte, parece que ERC reconoce también que el independentismo cometió errores importantes en la implantación de su apuesta unilateralista. Una apuesta que fracasó, que acabó en “el naufragio”, como supo explicar con rigor Lola García en la mejor y más documentada crónica periodística del “procés”. No es esta la opinión mayoritaria en las filas de JxCat, dentro y fuera del PDECat: tanto Carles Puigdemont desde Waterloo como Quim Torra desde Barcelona -y con ellos sus más entusiastas seguidores- se empeñan en negar que cometieran equivocaciones y errores de bulto. De ahí que se empecinen en exigir una amnistía políticamente inaceptable y poco menos que de imposible encaje en nuestro ordenamiento constitucional.

Fuimos muchos los que advertimos una y mil veces, en público y en privado, que la vía unilateral a la independencia estaba condenada al fracaso total. Así ha sido. Pretender convertir ahora aquel fracaso anunciado en un éxito político es otro nuevo error. No, no se trata que el independentismo asuma de una vez por todas su derrota, ni tampoco que el Estado presuma de su triunfo. Es algo mucho más simple, y sobre todo algo realista y pragmático: sin la autocrítica sincera del movimiento independentista será imposible avanzar por la única vía posible, que ha sido, es y será siempre la del diálogo.

En su ya inminente primera reunión, la mesa del diálogo deberá partir del diagnóstico de la situación actual, partiendo desde los orígenes del conflicto hasta llegar a la actualidad. Ello requiere el reconocimiento de los errores cometidos. El Gobierno de España ha reconocido los errores cometidos por sus antecesores: la oferta de esta mesa de diálogo es el mejor ejemplo de ello, con propuestas claras para resolver el conflicto y sobre todo para hacer posible el tan ansiado reencuentro entre todos los ciudadanos de Cataluña y entre estos y los del conjunto de España. No obstante, el Gobierno de la Generalitat sigue negándose a la autocrítica por parte del movimiento independentista, una autocrítica que debería ir acompañada por una voluntad clara de empatía con todos los ciudadanos de Cataluña que no compartimos la opción secesionista.