El gobierno de Pere Aragonès se resiste a aceptar que es el gobierno autonómico más minoritario de todos los gobiernos que hay en España, incluidos todos los gobiernos de la Generalitat de este siglo. En 2006, tras la expulsión de ERC del primer tripartito por haber pedido el “no” al Estatut, aun disponiendo de 51 diputados favorables en el Parlament, Pasqual Maragall convocó elecciones. ERC, con 33, niega la evidencia de que solo un pacto con el PSC puede hacer frente a la ingobernabilidad y la inestabilidad que se avecina. Tampoco quiere ver la exigencia de adelantar las elecciones autonómicas de no recomponer una mayoría suficiente en la cámara catalana. El acercamiento de los republicanos al PSC se complica por la demonización sistemática de los socialistas practicada por ERC y Junts durante estos años.

Según el libro de Petete de ERC, el socialista bueno es el socialista lejano, como mínimo el que ejerce en Madrid; el socialista catalán es el socialista malo. Con este infantil esquema, los republicanos han sorteado la contradicción de sostener al gobierno de Pedro Sánchez y de negar al PSC el pan y la sal de la catalanidad. La salida de Junts del gobierno y su declaración de guerra a ERC han situado a Pere Aragonès en una posición incluso más minoritaria de la que tiene el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El hecho de que el líder del PSC haya ofrecido su colaboración para evitar el avance electoral o haya negado el apoyo a cualquier moción de censura choca frontalmente con tantos años de deslegitimación de los socialistas catalanes.

Oriol Junqueras quiso cerrar la puerta a cualquier pacto con el PSC fijando como único acuerdo posible con los socialistas catalanes el “pacto anti represión”. Algo impensable. Los socialistas han negado la existencia de tal represión contra los dirigentes independentistas, lo que aleja cualquier fórmula de colaboración con el gobierno Aragonés. Posteriormente, el propio presidente de la Generalitat ha matizado en cierta manera la exigencia de Junqueras, situando la frontera entre republicanos y socialistas en la inexistencia de avances en la desjudicialización del conflicto. La “desjudicialización” es un concepto muy utilizado por el independentismo moderado frente a los radicales que prefieren el de “represión”, aunque nunca han precisado como creen que el gobierno central puede conseguir tal desjudicialización sin dinamitar la división de poderes del estado de derecho.

En su última entrevista institucional en TV3, Aragonès vino a decir que había alcanzado un pacto con el gobierno Sánchez para permitir la desobediencia de la Generalitat a las sentencias que obligan a un 25% de castellano en las aulas de Cataluña. Lo hizo subrayando que el gobierno central no había presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlament (aprobada con los votos del PSC) que impide la fijación de cuotas lingüísticas en la escuela. Este ejemplo permite a ERC asegurar que la desjudicialización es posible. En realidad, la judicialización del 25% está perfectamente viva. El TSJC mantiene la cuota del 25% en aquellas escuelas que la aplicaban por sentencia judicial previa a la aprobación de la nueva ley y la niega a los centros que piden dicha aplicación con posterioridad a la ley. Por otra parte, el TSJC mandó al Tribunal Constitucional el nuevo texto para el esclarecimiento definitivo de la polémica.

El nuevo gobierno de Aragonès tiene a una consejera (Meritxell Serret) y a un consejero (Roger Torrent), así como a diversos diputados en el Parlament, pendientes de la resolución de sus causas, bien por desobediencia o por malversación y revelación de secretos. Se supone que estas apelaciones a la desjudicialización descansan en la idea de que la fiscalía, a sugerencia del ministerio, pudiera irse atrás en estos casos o en otros sumarios que afectan a independentistas. Esta hipótesis ha sido desmentida en diversas ocasiones por el gobierno Sánchez, afirmando que respeta las decisiones judiciales tomadas o en curso, de ahí que la inconcreta desjudicialización solo pueda ser a futuro.

Este panorama dificulta enormemente la necesaria cooperación de ERC y PSC para evitar las elecciones, a pesar de la excelente predisposición de Salvador Illa. Pero no hay que desanimar.  ERC se ha convertido en un partido especializado en la política de los sucedáneos. El gobierno formado tras la salida de Junts se parece a un tripartito de izquierdas pero no lo es porque no tiene el apoyo de ninguno de los partidos de izquierdas; la última propuesta de Pere Aragonès para celebrar un referéndum, la fórmula canadiense de la ley de la claridad, es un sucedáneo del ejercicio del derecho de autodeterminación. Tal ley nació, precisamente, de la negación del Tribunal Supremo del Canadá de derecho del Quebec a la autodeterminación, abriéndole, en contrapartida, la puerta al principio democrático que obligaría al gobierno federal a estar atentos a las reclamaciones políticas de una parte de los ciudadanos de la Provincia federada.

Todo hace pensar que estamos ante una nueva jugada maestra de Aragonès: la renuncia formal a la aprobación de una ley de amnistía que rebaje la tensión con los socialistas en Madrid y en Barcelona y les libere de viejos prejuicios. El PSOE ha redicho por activa y por pasiva que no quieren (ni pueden) proclamar una amnistía. Y el presidente de la Generalitat dejó caer ya en su discurso del debate de política general en el Parlament que bien podría ser suficiente con identificar una manera de alcanzar los resultados de una amnistía sin aprobarla. Algunos nuevos indultos de futuro, aceptados de mala gana por los líderes del Procés, podrían allanar el camino a un acercamiento con el PSC que por descontado no sería presentado como un pacto, sino como un sucedáneo.