La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, expresó su satisfacción por la mejora del clima en la política catalana ante el Rey y las primeras autoridades catalanas y barcelonesas que están dispuestas a cenar con Su Majestad en honor del Foment del Treball pero no a fotografiarse con Felipe VI. No hay referencia a Cataluña por parte de ningún representante gubernamental, presidente incluido, que no subraye estos avances. La perspectiva de algunos contactos entre ERC y Junts con el PSC, sumados al voto de los Comunes para sacar adelante los presupuestos de Aragonés, afianzan esta perspectiva inaugurada oficialmente con la concesión de los indultos.

Un optimismo moderado se ha adueñado de la política catalana, especialmente cuando es vivida desde el gobierno central, desde donde todo se ve una poco mejor de lo que es, sobre todo después de conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado con los votos de ERC. El hielo persiste en Cataluña y los primeros síntomas de deshielo son extremadamente modestos, aunque muy aplaudidos por quienes tienen puestas sus esperanzas en la recuperación de la normalidad. Sin embargo, las características de esta normalidad dependen del cristal con la que se mire.  

Ciertamente no está prevista ninguna sesión del Parlament para declarar la secesión de Cataluña, la calle se ha tranquilizado, las entidades soberanistas pasan por una etapa de repliegue y desorientación, la mesa de negociación sigue viva a pesar de las discrepancias sobre su función y podría pensarse que el cordón sanitario proclamado por el independentismo contra el PSC está a punto de relajarse o eso parece. Los síntomas de mejora son evidentes, pero muy inestables.

La última señal se corresponde con el reconocimiento de unas próximas reuniones entre PSC-ERC-Junts para desencallar la renovación de un centenar largo de cargos institucionales caducados justamente por la vigencia de un bloqueo intransigente. Salvador Illa ha hecho su bandera de la reivindicación de este diálogo entre las fuerzas políticas catalanas. Hasta ahora no había obtenido ninguna respuesta, más bien un sonoro portazo a su oferta de negociar los presupuestos de la Generalitat o a la sugerencia de crear una mesa de diálogo en Cataluña. Finalmente, ante la inminencia del fin de 2021, fecha fijada por el presidente Aragonés para renovar tantas instituciones paralizadas, ERC y Junts han aceptado lo inevitable: no puede haber designaciones por mayorías cualificadas sin los votos del PSC.

La prueba de fuego de la larga lista de pactos imprescindibles es la renovación de la CCMA. Si se desbloquea la corporación de TV3, todo lo demás se dará por añadidura. El nuevo consejo estará formada, en principio, por tres consejeros propuestos por el PSC y dos por ERC y otros dos por Junts. Los socios de gobierno necesitan a los socialistas para constituir el consejo, pero luego podrán dirigirlo sin el concurso de aquéllos, o pactando con aquéllos cada uno por separado de recrearse en la CCMA la desconfianza imperante en el Consell Executiu.

El acercamiento entre el independentismo gobernante y los socialistas, primer partido de la cámara, es puramente técnica, imprescindible para garantizar el funcionamiento de los muchos órganos estatutarios existentes. No habrá amor ni siquiera sexo en estos contactos, aunque para el PSC representará recuperar su presencia en el entorno institucional de la Generalitat y para ERC supondrá equilibrar el porcentaje de cargos ahora inclinado a favor de Junts.

Por si había alguna duda sobre la limitación de este paréntesis de diálogo público, Pere Aragonés advirtió al minuto de conocerse el interés por negociar el paquete institucional que el PSC seguiría en la nevera nacionalista hasta que no acepte el referéndum. Se entiende el referéndum unilateral, porque los socialistas hace tiempo que creen que el final de la mesa de negociación podría ser una consulta sobre los acuerdos que se alcancen en ella y en el mejor de los mundos, siempre podría convocarse un referéndum para la reforma constitucional. Y ahí está el fondo del problema para poder aventurar el futuro del deshielo.

¿Qué entiende cada uno por normalidad? Para el gobierno de Madrid, no hay duda: tranquilidad en la calle, avances materiales y competenciales en la mesa de negociación y diálogo con ERC en su condición de aliados parlamentarios, una nueva CDC. Para el PSC y el establishment económico y cultural catalán, y, en parte también para los Comunes: predominio de la transversalidad política e institucional y recuperación de la colaboración con el gobierno central aun sabiendo que el oasis catalán de antaño es irrecuperable y en algunos casos inconveniente. Para Vox, PP y Ciudadanos la cosa es más sencilla: derrota penal del independentismo.

El independentismo interpreta la normalidad también a su manera: ni olvido ni perdón, no habrá marcha atrás aunque ahora mismo estén al ralentí. La exigencia de la amnistía y el reconocimiento del derecho de autodeterminación podrán relajarse, pero, según afirman continuamente sus dirigentes con énfasis diferentes pero con literalidad compartida, no habrá renuncia. Para asegurarse de ello, algunas iniciativas en el ámbito de la lengua (la auténtica bomba atómica del conflicto) parecen claramente destinadas a cortar la retirada a los más tibios.

La campaña contra el bilingüismo (real y oficial) era evidente antes de la sentencia del 25% de castellano en la escuela y ahora se recrudecerá. Las denuncias a los profesores universitarios que abandonan el catalán en consideración a los alumnos castellanohablantes fue la iniciativa que alertó de este cambio de ánimo y está por ver la reacción de los maestros de primeria y secundaria a la sentencia del TSJC. Incluso TV3 sufre a diario criticas furibundas por la utilización del castellano de unos pocos intervinientes.

Y en última instancia para poder valorar la consistencia del deshielo queda la incógnita Puigdemont.