La dimisión incentivada de Elisenda Alamany como portavoz de los Comunes en el Parlament es el penúltimo episodio de la crisis de relaciones personales por el poder en Catalunya en Comú, disfrazada de crisis política a partir de unas mínimas diferencias que no explicarían por ellas solas el lio monumental en el que vive la formación. La versión más recurrente, manejada por intereses externos, es el choque inevitable entre los partidarios de la independencia y los no independentistas. El caso es que todos ellos son soberanistas y hasta ahora han venido defendiendo la equidistancia, con cierta dificultad de proyección, pero sin tensiones serías como las vividas en la anterior legislatura por la candidatura de IC-V y Podemos.
La exportación al conjunto del partido y a la opinión pública de la habitual competencia por las parcelas de poder en todo partido político (tanto da que sea de la vieja como de la nueva política), revestida convenientemente como una diferencia substancial inexistente sobre soberanismo, tal como demuestra el manifiesto firmado entre otros por Alamany y Nuet, hace tambalear el frágil equilibrio de todo el conjunto. Justo cuando los sondeos pintan un futuro incierto para la alcaldía de Barcelona, su principal base de poder institucional, y cuando el distanciamiento entre ERC, Puigdemont-Torra y la CUP ofrece a los Comunes una oportunidad de ser decisivos en el Parlament.
Catalunya en Comú es un partido en construcción desde hace meses; no solo se ha demostrado incapaz de superar la sopa de letras fundacional (Barcelona en Comú, IC-V, Podemos, EuiA) sino que ha añadido nuevas plataformas fraccionales (Comunes federalistas, los anticapitalistas de Desbordem y ahora los Sobiranistes de Catalunya). En todas las fuerzas que participan en los Comunes existen reconocidos independentistas, aunque oficialmente el partido se declara soberanista, un concepto difícil de desenganchar de la propuesta de la secesión por la asimilación conceptual forzada por los independentistas y bendecida por la simplificación aplicada por PP y Ciudadanos a todos los que se expresan favorables al derecho a decidir.
El contexto general no ha beneficiado a la consolidación de Catalunya en Comú, sin embargo, sus principales adversarios son ellos mismos. A partir de la proyección personal de Ada Colau, rodeada de su propio círculo de personalismos, con su pareja Adrià Alemany al frente, se intenta formalizar un partido equidistante de constitucionalistas e independentistas, contando con IC-V y EUiA (partidos con una larga experiencia de crisis compartidas y de habilidad contrastada en la batalla por las cuotas de poder) y la franquicia catalana de Podemos, instalada en la inestabilidad desde su nacimiento. Nadie discute que el único valor político disponible para estabilizarse como fuerza con probabilidades de convertirse en imprescindible es el de la alcaldesa de Barcelona, quien representa mejor que nadie la posición de los Comunes como soberanistas contrarios a la independencia: participó en el 1-O para votar que no, según ha dicho ella misma.
La huida precipitada de Xavier Domènech, un nombre salido del entorno municipal que ejerció de equilibrista hasta que se cansó, destapó el embrollo de las luchas de poder. En la izquierda unida y alternativa de EUiA entre Joan Josep Nuet y Joan Mena, que a final parece que va a ganar este último; en el grupo parlamentario, también entre Jessica Albiach, proveniente de Podemos que con el apoyo de Colau fue designada presidenta del grupo parlamentario, y Elisenda Alamany, convertida en portavoz del grupo por Domènech, llegada de los movimientos municipales alternativos del Vallès. El detonante final ha sido el cese del coordinador parlamentario, Marc Grau, pareja de la ex portavoz dimitida.
Todo parece indicar que hay mucho ruido y pocas diferencias substantivas en esta crisis; demasiados ataques de importancia individual sin bases de apoyo para imponerse y una dificultad enorme para navegar entre la polarización de la política catalana debido a la inexistencia de un aparato político suficiente para estabilizar una fórmula de organización muy endeble por la persistencia de las marcas fundacionales. Y en el fondo del fondo, un período demasiado largo de adaptación de las formulaciones ideológicas a las prioridades institucionales, que Colau intenta, generando, todavía, un alud de recriminaciones por parte de los defraudados.
