Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes por la mañana en la sede central del PSOE en la calle Ferraz para llevar a cabo un requerimiento judicial en colaboración con el partido bajo el marco de la investigación en curso sobre el caso Koldo. Tras acabar el proceso, fuentes socialistas han consolidado su “máxima colaboración con la Justicia”.
Los agentes de la policía judicial han realizado un clonado del correo electrónico de Santos Cerdán, hasta hace poco número 3 de Ferraz y secretario de Organización del partido. “El PSOE colabora y colaborará con la Justicia con total transparencia, no como ocurrió durante los gobiernos del Partido Popular donde las pruebas eran, literalmente, destrozadas a martillazos”, han asegurado fuentes socialistas, tal y como ha podido conocer ElPlural.com.
"Máxima colaboración con la Justicia, el PSOE es transparente y actúa contra la corrupción muchísimo antes incluso de lo que exigen nuestros propios estatutos", ha indicado a su vez la secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López.
López ha señalado a su vez que el procedimiento judicial sigue su trámite y las últimas actuaciones forman parte "de esa normalidad del proceso", al tiempo que ha asegurado que la Justicia encontrará "un aliado en el PSOE" porque van a colaborar "con la máxima transparencia", ha afirmado, defendiendo a su paso la actuación de los socialistas, quienes actuaron de inmediato apartando a Cerdán "cuando solo había un informe" porque entendieron que los indicios que se apuntaban eran "absolutamente incompatibles con el proyecto socialista".
Los agentes de la UCO han abandonado la sede de Ferraz a las 14:30 horas después de tres horas de requerimiento judicial una vez realizadas las diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo, que no es un registro debido a la colaboración directa del PSOE en el proceso.
Cabe reiterar que Cerdán ha sido imputado por el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo por presuntos delitos de organización criminal y cohecho, siendo citado a declarar, en vez del próximo 25 de junio como estaba previsto, será el día 30.
Desde el plano judicial
A su vez, desde el plano estrictamente judicial, el magistrado instructor de la causa ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ahora en manos de Óscar Puente, que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos, motivo por el que agentes de la UCO también se han personado en el departamento que dirige Óscar Puente. Lo mismo han hecho, además, en la sede de Adif y la Dirección General de Carreteras.
En un auto dictado este mismo viernes, el instructor requiere al PSOE que permita a los agentes "la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán. Asimismo, reclama que entregue a la UCO "cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse" y que haya sido "empleada exclusivamente" por el exdirigente socialista.
El magistrado ha adoptado esta decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes; todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.
En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado requiere al ministro Puente, "para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo" de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es "conveniente y necesaria" y no había sido acordada hasta la fecha.
El magistrado también solicita a Adif que envíe al Supremo -en un plazo de 15 días- documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.
Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras para que facilite -también en un plazo de 15 días- documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.