El Gobierno de la Comunidad de Madrid admitió en junio que sus presupuestos de 2026 no alcanzan para garantizar el funcionamiento del sistema público regional. Así se destila de la decisión del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso de transferir 588 millones de euros de varias consejerías para pagar facturas del área de Sanidad. Entre otras, el Consejo de Gobierno aprobó detraer 32,1 millones de la agencia autonómica que gestiona las residencias de mayores y la atención a la dependencia.

Esto se aprobó el pasado 24 de junio, mientras que las listas de espera para acceder a una residencia pública en la Comunidad de Madrid superan ya las 3.047 personas, según denuncia la oposición. "El Gobierno de la Comunidad de Madrid dilata los procesos y esto lo que hace es que cada año se nos muera más gente por el camino", denuncia la responsable de Políticas Sociales del PSOE-M, Silvia Monterrubio.

En 2025, 3.700 personas murieron mientras esperaban recibir la atención de los servicios públicos, una media de 10 fallecidos al día. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid denuncia un nuevo ejemplo de "lo poco que les preocupa resolver los problemas reales de la gente".

El embudo de la dependencia en Madrid

La atención a la dependencia de personas mayores, personas con discapacidad intelectual, menores y personas adultas vulnerables recae, según la propia Comunidad de Madrid, en la Agencia Madrileña de Atención Social. Esta entidad dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, ha sido una de las víctimas del "tijeretazo" del Ejecutivo regional a varios servicios para tapar el agujero del área de Sanidad, a petición de su consejera, Fátima Matute. En concreto, el Consejo de Gobierno ordenó detraer 32,1 millones de euros de esre organismo y 22,5 millones de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

En paralelo, las listas de espera no dejan de aumentar, y superan ya las 3.000 personas en el caso de las residencias. En solo un año, el número ha aumentado un 40%, ya que en estas mismas fechas de 2025 se situaban en torno a las 2.1000 personas. El crecimiento es similar en otros servicios de dependencia, como por ejemplo las 2.794 personas que esperan a acceder a una plaza en los centros de día de la región, según los últimos datos difundidos por la oposición. O también las 16.780 personas que esperan recibir ayuda a domicilio.

"A esto hay que sumar las miles de personas que esperan casi dos años a que se les reconozca la dependencia", señala Monterrubio. El tiempo medio para permanecer en este embudo de acceso a los servicios es de 500 días, denuncian. Los socialistas añaden a este cálculo otros 200 días desde que se presenta la solicitud y otros 300 desde que se resuelve hasta que llega la prestación, para sumar un total de 1.000 días -casi tres años- de espera de media.

10 personas murieron al día esperando

Los socialistas denuncian que esta dinámica está empujando a familias a recurrir al sector privado, ante la saturación de lo público, y ponen el foco también en lo que se encuentran aquellos que superan el largo proceso de tramitación de la ayuda. "Centros saturados, salas masificadas y dormitorios sin climatizar pese al aumento de las olas de calor y la prolongación de las altas temperaturas en verano", apuntan. También señalan a las condiciones precarias en las que trabajan los responsables de esos centros. "Vuelven a demostrar lo poco que les preocupa resolver los problemas reales de la gente", critica Monterrubio.

Todo esto, en el caso de que lleguen a acceder a la plaza que esperan. En 2025, 3.700 personas fallecieron mientras esperaban recibir atención. Los socialistas explican que este cálculo suma los 2.200 mayores que murieron antes de que se aceptara su petición, que recoge el Observatorio Estatal de la Dependencia; a los 1.500 que murieron con su derecho reconocido, pero a los que la prestación no llegó a tiempo.

El "tijeretazo" de Ayuso

Mientras estos datos siguen aumentando, el Gobierno de Ayuso decide que el mejor área para recortar es, precisamente, la Atención Social. El informe del Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio, detalla cuánto se autorizó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a detraer de otras áreas para “financiar necesidades del Servicio Madrileño de Salud”, ante el agujero de 588 millones de euros del que alertó el área de Sanidad.

Para “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios sanitarios”, el Ejecutivo regional aprobó un primer "tijeretazo", como lo califica la oposición, de unos 262 millones de euros, por lo que aún quedan otra inyección de 325,8 millones. El mayor recorte se lo lleva el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, del que se detraerán 124 millones de euros. Otra de las áreas más llamativas de las que se ha recortado es la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Especialmente porque, desde el mes de julio, la región ha sufrido el peor incendio de su historia en la Sierra Oeste, con los bomberos denunciando la falta de medios para combatir las llamas, y una sentencia de por medio por el desvío de 38 millones de euros de las arcas públicas.

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