Esta semana, los familiares de las víctimas de residencias de la Comunidad de Madrid recibían una noticia inesperada: tres magistrados de la Audiencia Provincial fallaban a favor de su intención de unir procedimientos, una decisión que contrastaba con la adoptada por el mismo organismo el pasado mes de abril, cuando rechazó, precisamente, unificar las causas.
Las asociaciones de víctimas celebran la decisión de la Justicia que, por otra parte, consideran que demuestra las “contradicciones” que se han llevado a cabo en todos estos años -seis ya- de investigación.
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, celebra que “siempre es positivo” una noticia de este tipo. “Nos parece lo más lógico”, mantienen en la línea de lo que han sostenido desde que se interpusieran las primeras denuncias.
Los familiares de las personas que fallecieron en los centros de mayores madrileños durante la pandemia del Covid refrendan que, aunque cada muerte se produjo bajo unas circunstancias, el eje central fue el mismo en todos los casos, igual que los responsables.
Preguntada por si confían en que la actualidad sirva de precedente para que se unifiquen todos los procedimientos en un juzgado, López señala que “si los abogados creen que hay alguna vía”, optarán a ella.
La no unificación que hace unos meses dictaminó la Audiencia Provincial es, a ojos del entorno de las víctimas, un “atropello para todos, también para los imputados” en tanto en cuanto puede coincidir que estén llamados a declarar en dos juzgados distintos el mismo día.
Así las cosas, la línea en la que ha fallado el órgano jurídico en las últimas horas es “mucho más eficiente” que la investigación por separado, en palabra de las asociaciones. Si bien, demuestra que, pese a ser una buena noticia, también da buena cuenta de lo “contradictorio” del proceso. “Está pasando en la Audiencia, en los juzgados, donde unos investigan, otros archivan…”, relata.
María Jesús Valero, portavoz de 7.291, Verdad y Justicia, se pronuncia en términos similares. "Se nos abre una ventana", aplaude refiriéndose a esa hipotética "macrocausa". "Los investigados son siempre los mismos (...) El artículo 511 del Código Penal es para todas las víctimas y, por supuesto, seguiremos luchando porque creemos que una macrocausa iniciaría una investigación común, rápida y eficaz"
Una situación “inédita y caótica”
Esa “contradicción” a la que aluden las víctimas tiene que ver en última instancia con que tres magistrados de la Audiencia Provincial han fallado a favor de la unificación que pedían y que contradice dos decisiones dictadas anteriormente por compañeros del mismo organismo.
El resultado es que ahora hay tres resoluciones distintas en el organismo judicial: dos en contra de unir los procedimientos y una a favor. En una nota de prensa, los abogados de las víctimas informaban de que la nueva decisión había sido dictada por la sección séptima de la Audiencia.
Los magistrados decidieron que dos procedimientos tenían que unirse debido a su similitud para evitar precisamente que los jueces dicten sentencias contradictorias. Las investigaciones a las que hace referencia son una del juzgado 5 de Móstoles y otra del número 3 de Madrid.
Previamente, la sección primera había ordenado que más de una veintena de procedimientos continuarán investigándose por separado y, en diciembre, la sección decimosexta había dictado otro auto contra la unión de dos procedimientos.
Las familias de las víctimas denuncian que sus familiares fueron discriminados en el acceso a la asistencia sanitaria durante la primera ola del Covid, en marzo de 2020, cuando 7.291 personas murieron en los geriátricos sin ser trasladados a centros hospitalarios por los denominados como protocolos de la vergüenza.
Durante los seis años de investigación, los retrasos y solapamientos han sido un habitual mientras la causa ha estado dividida en decenas de juzgados de la región de Madrid. Con el modelo actual, los jueces investigan las circunstancias de cada fallecimiento que se ha denunciado en su partido judicial, pero las asociaciones insisten en que el origen común es el mismo: los documentos que, a la postre, respaldan, supusieron una discriminación sanitaria.
Si se atiende estrictamente a lo que dice la ley, prevé concentrar las instrucciones en una sola causa cuando existe riesgo de resoluciones contradictorias y por economía procesal. En abril, esta opción parecía quemada cuando la Sección Primera de la Audiencia decidió que los casos no eran idénticos.
Las familias se levantaron contra la separación de juzgados, e incluso Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los altos cargos del gobierno de Ayuso, apoyaron la idea. La Audiencia Provincial dio portazo de manera definitiva hacer unos meses a esta posibilidad, pero el auto del pasado miércoles podría devolver la esperanza a que la unificación sea una realidad.
No será fácil, sin embargo. Los abogados de las familias tachaban de “inédita y caótica” la situación actual. “Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la DANA en Valencia”, señalaban.
Cuatro ex responsables de la administración de la Comunidad de Madrid están imputados. Se trata del firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur; el doctor que los redactó, Peromingo; el director gerente del SUMMA 112, Pablo Busca; y Antonio Burgueño, asesor de Ayuso durante la pandemia. También está siendo investigada la geriatra del Gregorio Marañón, María Teresa Vidán, que debía haber declarado el pasado martes.
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