Los rostros asociados a la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron el traslado de personas residentes a hospitales para recibir atención sanitaria llevan años siendo los mismos.
Nombres como el de Carlos Mur, quien firmara los documentos; su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo; Antonio Burgueño, asesor que redactó el plan de choque; e incluso Alberto Reyero, en su caso del lado de las víctimas en tanto en cuanto dimitió al mostrarse en desacuerdo con el modus operandi adoptado por la región, han ocupado portadas desde las investigaciones que se iniciaron por lo acontecido en marzo de 2020 en los geriátricos de Madrid.
Sin embargo, otras personas que podrían haber tenido implicación en aquellas actuaciones son totalmente nuevas para la opinión pública y las propias familias de las víctimas aún ahora, seis años después de la tragedia. Es el caso de María Teresa Vidán Astiz, doctora que declara este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey.
"Solo sabemos de ella lo que salió de Plaza Castilla"
Geriatra en el Hospital Gregorio Marañón, nadie había oído hablar de Vidán hasta que Mur la mencionó el pasado mes de febrero, cuando éste habló por videoconferencia en los juzgados de Plaza Castilla. El médico la puso en el foco mediático al señalarla como parte de la redacción de los textos que en última instancia dejaron 7.291 fallecidos.
Esto es todo cuanto saben de ella el entorno de los ancianos que perdieron la vida. ElPlural.com ha podido hablar con las dos plataformas mayoritarias que buscan justicia en este sentido, y ninguna ha podido arrojar algo más de luz.
“Sabemos que es una doctora del Gregorio Marañón (…) No conocíamos su nombre hasta este momento. Es una persona totalmente desconocida para nosotros”, expone Carmen López, de Marea de Residencias, en conversación con este periódico.
En la misma línea se pronuncia María Jesús Valero, portavoz de ‘7.291: Verdad y Justicia’ quien lamenta no poder dan más datos porque “están siempre ocultos”. “Lo único que conocemos de ella es lo que salió de los juzgados de Plaza de Castilla cuando Carlos Mur declaró por videoconferencia señalándola como una de las redactoras de los protocolos. Nada más”, repite.
De hecho, espera que su declaración de este jueves sirva precisamente para poner un poco de negro sobre blanco acerca de lo que hacía. “Esperemos que sea ella quien defina su labor, su trabajo, y si participó o no”.
La figura del geriatra de enlace
López, por su parte, apela a la figura de geriatra de enlace que apareció en la Comunidad de Madrid durante el Covid, pero destaca que es más una suposición que algo confirmado. “Entiendo que fue una de esas geriatras, pero no podemos asegurarlo”, dicta.
En esa dirección, recuerda que estas personas, adjudicadas a los hospitales públicos en pandemia, “era a las que tenían que recurrir las residencias para solicitar una ambulancia”. “A partir de ese supuesto plan de choque que organizaron las residencias no tuvieron acceso a solicitar una ambulancia, les decían que tenían que contactar con ese geriatra o esa geriatra de enlace”, rememora. “Entonces, entendemos que pudo ser su función, pero estamos tan pez como cualquiera, porque tampoco habíamos oído nunca su nombre, a diferencia del de Peromingo, que le hemos oído muchísimo”.
En los portales oficiales tampoco se encuentra gran cosa. Desde 1998 ejerce en el puesto ya mencionado, desde 2014 forma parte de la Asociación de Profesores de Geriatría en el departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y entre 2021 y 2025 fue Secretaria General de la Sociedad Española de Geriatras y Gerontología.
En lo estrictamente académico, ha estudiado los diferentes títulos, también doctorados, en la Universidad de Navarra y Complutense. De hecho, obtuvo el Premio extraordinario de doctorado 1995 en el centro madrileño.
Burgueño apunta directamente a Ayuso
El pasado miércoles era Burgueño quien estaba llamado a declarar, en su caso ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, y señaló directamente a Ayuso. Lo hizo, eso sí, en declaraciones a los medios de comunicación.
El alto cargo, que está siendo investigado por delitos de homicidio imprudente y denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, confirmaba a las afueras de la sede judicial que confeccionó el plan de choque para los centros de mayores por orden directa de la lideresa regional, pero que éste nunca se ejecutó.
Entre los ejes de dicho plan destacaba algo que nunca se llevó a cabo: la medicalización de las residencias. Se trata de una de las claves del procedimiento judicial y una medida que, no obstante, no llegó a materializarse.
Cabe destacar que Burgueño no ha declarado en ninguna de las causas abiertas, sino que lo que motivó sus palabras de esta semana fue una denuncia que no parte de las organizaciones de familiares de las víctimas. Por el contrario, obedece a una querella presentada a título individual por José Manuel Parceiro, abogado que acudió a los tribunales tras la muerte de su padre durante la primera ola de la emergencia, cuando residía en el centro Sanitas Torrelodones.
