El Gobierno mueve ficha tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguran fuentes gubernamentales que se le dará la "máxima importancia" a la declaración para la que está citado ante el juez de la Audiencia Nacional, pero no contemplan ningún movimiento electoral y mantienen que los comicios se celebrarán cuando toca, es decir, en 2027.
Desde La Moncloa hacen un llamamiento a la paciencia: cabe esperar a que Zapatero se siente ante el juez y confían en que sus explicaciones sirvan para contrarrestar todos los "indicios" en su contra, según trasladan las mismas fuentes consultadas. Zapatero ha sido citado como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, además de pesquisas sobre presunto blanqueo de capitales. La misma información señala que el expresidente habría percibido más de 400.000 euros durante varios años por trabajos de consultoría, ingresos que él ha sostenido en distintas ocasiones que fueron facturados y declarados conforme a la ley.
El propio expresidente publicó un vídeo el día de su imputación en el que negó los hechos, y a lo largo de toda la semana, el Gobierno y la estructura socialista lo han amparado, asegurando que lo defenderán hasta que existan pruebas en su contra. La tarea no es sencilla ante un auto de imputación "serio" (como reconocen y lo califican desde el Ejecutivo) que describe supuestos delitos muy graves y se sustenta en una investigación de varios meses llevada a cabo por un juez con fama de meticuloso y fiable. En el Gobierno, admiten que esta investigación nada tiene que ver con otras que afectan al entorno del Ejecutivo, como la del hermano del presidente, David Sánchez, o las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
En su defensa hasta que existan pruebas concluyentes
Algunos ministros dan por hecho, directamente, que "no hay caso", del mismo modo que el propio Pedro Sánchez. Señalan que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero desde la cautela. Reivindican su legado, piensan que es inocente y una persona "honorable" y le seguirán respaldando siempre y cuando no aparezcan pruebas en su contra. Esa es la posición de los socialistas para defenderle: el auto presenta indicios y el juez se ha esforzado en motivarlos, pero, por ahora, no existen pruebas concluyentes en su contra. No hay mensajes, audios o imágenes que le incriminen, sino, por el momento, testimonios de terceras personas que aluden a presuntos comportamientos irregulares.
En cualquier caso, el proceso acaba de comenzar y las pruebas podrían aparecer más adelante. En concreto, en el Gobierno hay mucho interés en conocer el detalle del informe de la UDEF que ha motivado el primer auto del juez Calama, pero la sensación es de cierta ansiedad ante lo que está por venir. "No sabemos lo que hay detrás", señala un ministro, que admite que por ahora solo se conoce una parte de la investigación, que puede llegar mucho más lejos. Cabe recordar, no obstante, que la imputación no implica una condena ni prejuzga la responsabilidad penal del expresidente, sino que le atribuye formalmente la condición de investigado para que pueda declarar con todas las garantías procesales. Será el avance de la instrucción el que determine si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra él o si, por el contrario, se descartan responsabilidades.
Defensa similar a la del Senado entre pesquisas judiciales
El juez Calama sitúa al expresidente español en la cúspide de una trama para obtener beneficio económico valiéndose de sus contactos con altos cargos. Calama cifra en dos millones de euros la cantidad obtenida en comisiones y le hace responsable de crear una "estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito".
Zapatero ya dio sus primeras explicaciones públicas al respecto el pasado 2 de marzo en el Senado, donde fue llamado a comparecer tras la detención de Julio Martínez Martínez, fundador de la empresa Análisis Relevante, que realizó pagos al expresidente y a la empresa de sus hijas. El Gobierno espera que su defensa ante el juez siga la misma línea que desplegó ante los senadores, según apuntan las fuentes gubernamentales consultadas. En la Cámara Alta, Zapatero negó cualquier tipo de relación con el rescate a la aerolínea y aseguró que nunca habló sobre este asunto con Pedro Sánchez ni con ningún integrante del Ejecutivo.
Sobre si conoce al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, explicó que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con "miles de personas", pero aseguró que no ha tenido nunca "ninguna comunicación ni ninguna reunión con él". "No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca nada para Plus Ultra", proclamó en varias ocasiones Zapatero, en unas palabras que contrastan con las conclusiones a las que llega el juez Calama, que considera que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener el rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por mecanismos ajenos a la legalidad.
Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero, y que habrían operado de manera simultánea, pero la del expresidente habría adquirido un "papel predominante" y permitido a la aerolínea lograr sus objetivos.
Rechazan el adelanto electoral
Pese a esta situación, las encuestas no parecen perjudicar en exceso a los socialistas, que mantendrían la segunda posición siguiendo de cerca al Partido Popular, según los más recientes sondeos de ElectoMania. El Gobierno, a su vez, no se plantea el adelanto electoral e insisten en agotar la legislatura y celebrar los comicios cuando corresponde; esto es, a mediados del año que viene.
Así lo aseguraba el ministro de Hacienda, Arcadi España, a los micrófonos de El Periódico en una reciente entrevista. Al ser preguntado por si cabía la posibilidad de una prematura llamada a las urnas, el titular del Fisco lo niega en rotundo: "No, en absoluto. Este Gobierno tiene que cumplir el calendario".
"Es en 2027 cuando corresponden elecciones. Es un Gobierno que está haciendo que este país progrese. Queda mucho trabajo por hacer y una voluntad expresada por el presidente de agotar la legislatura y continuar si los ciudadanos lo deciden", aseguraba el economista. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha cerrado en banda en varias ocasiones a esta posibilidad, circunscribiendo las votaciones con total certeza al 2027.
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