El responsable de los 'protocolos de la vergüenza' de Ayuso liquidó una sociedad en Luxemburgo en pleno 'caso residencias'

Carlos Mur, investigado como responsable de los llamados 'protocolos de la vergüenza', no acudió a declarar ante los juzgados de Plaza de Castilla el 9 de diciembre de 2025. Estaba llamado allí como investigado por las 7.291 personas que fallecieron en las residencias madrileñas, esperando un traslado hospitalario que nunca llegó por las órdenes del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, el doctor Mur era director general de Coordinación Sociosanitaria en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Su ausencia en el juzgado llevó a las acusaciones particulares a solicitar una orden de busca y captura al considerar que se encontraba en paradero desconocido, mientras actualmente comparece por videoconferencia desde Andorra en una causa ampliada recientemente al delito de prevaricación, en la que Mur está investigado junto a su sucesor en el cargo en el Ejecutivo de Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.

Con las investigaciones sobre este caso ya en marcha, se ha conocido que Mur formalizó en Luxemburgo la disolución de Rentados SA, una sociedad familiar de la que era propietario único tras recibir las acciones de su padre en 2023. La empresa, creada en 2011, llegó a gestionar un préstamo de 1,5 millones de euros que fue distribuido mediante créditos a sociedades vinculadas, cuya identidad no figura en las cuentas públicas debido a la opacidad que permite la legislación del Gran Ducado.

El cierre de esa mercantil supuso la desaparición del único rastro que se podía seguir para conocer la actividad financiera de Mur. Con la liquidación de la mercantil y la transmisión de su patrimonio al accionista único, dejaron de existir futuras obligaciones de depositar cuentas anuales, lo que dificulta rastrear la evolución de esos activos y de las operaciones que, durante años, canalizó la sociedad.

Según Infolibre, el desmantelamiento de la sociedad coincidió con el avance de las investigaciones judiciales contra Mur por la gestión de la pandemia. Tras asumir el control de la empresa, las sociedades vinculadas devolvieron los préstamos pendientes, lo que permitió cancelar la deuda histórica de 1,5 millones y liquidar la sociedad, cuyos activos quedaron reducidos a unos 111.000 euros en valores bursátiles.

Mur defiende que la extinción de Rentados SA respondió exclusivamente a la falta de actividad de la empresa y niega cualquier relación con las causas judiciales abiertas contra él, y sostiene que asumió el control de la sociedad luxemburguesa debido a una "sobrevenida situación personal" de su padre. Asimismo, asegura que nunca ha participado en la gestión de Valiner SL, un holding inmobiliario que encabeza el patrimonio de la familia Mur en España.

La información del citado medio, que proviene de una investigación conjunta con el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y el diario francés Le Monde, pone también en el foco a José Ángel Mur, hermano del exalto cargo de Ayuso, con una condena por apropiación indebida relacionada con el desvío de fondos de una multinacional china, un caso que terminó conectado con la investigación al excomisario José Manuel Villarejo.

La Justicia confirmó la investigación a Mur por prevaricación

Estas informaciones, que apuntan a que el responsable de los 'protocolos de la vergüenza' trató de borrar el rastro de su actividad, llega dos días después de que la Justicia confirmara que investigará a Mur y a Peromingo por prevaricación por el 'caso Residencias'. La sección número 16 de la Audiencia de Madrid acordó desestimar el recurso de apelación presentado por el ex director de Coordinación Sociosanitaria y su sucesor, y permitir que se mantenga la causa por las 7.291 víctimas.

Así, se mantiene la acusación sobre ambos, después de que el PSOE solicitara que fueran incluidos en esta causa como investigados. La causa proviene de la denuncia por la muerte de una anciana en una residencia de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19. Este procedimiento forma parte de las investigaciones que aún permanecen abiertas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid y que analizan posibles conductas discriminatorias hacia residentes de centros geriátricos y residencias de mayores. Según las acusaciones, dicha discriminación habría influido en la falta de atención sanitaria recibida por algunos ancianos, contribuyendo a su fallecimiento.