La Justicia confirma la investigación por prevaricación en el 'caso residencias'

Según ha podido conocer ElPlural.com, la sección número 16 de la Audiencia de Madrid ha acordado desestimar el recurso de apelación presentado por Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dando pie, de esta manera, a que se investigue a ambos por prevaricación en la crisis vivida en las residencias de mayores durante la pandemia. De esta manera, continuará el proceso judicial abierto por los conocidos como "protocolos de la vergüenza".

Así, se mantiene la acusación sobre ambos, después de que el PSOE solicitara que fueran incluidos en esta causa como investigados. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, se ha pronunciado en relación a esta decisión de la Audiencia de Madrid, señalando que desde su formación se alegran "de que la justicia siga investigando los protocolos de la vergüenza, esos que sólo se desarrollaron y se aplicaron en la Comunidad de Madrid por orden de la señora Ayuso. Vamos a seguir acompañando a los familiares en todo este periplo judicial para que obtengan reparación y justicia, porque cómo murieron nuestros mayores en las residencias públicas por no tener seguro privado tiene que tener consecuencias".

Concretamente, esta causa está relacionada con el fallecimiento de una mujer mayor durante la pandemia de COVID-19. Este procedimiento forma parte de las investigaciones que aún permanecen abiertas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid y que analizan posibles conductas discriminatorias hacia residentes de centros geriátricos y residencias de mayores. Según las acusaciones, dicha discriminación habría influido en la falta de atención sanitaria recibida por algunos ancianos, contribuyendo a su fallecimiento.

La petición para ampliar la investigación e incluir un posible delito de prevaricación contra el exalto cargo del Gobierno regional fue impulsada por la acusación popular ejercida por el PSOE. En las distintas declaraciones prestadas por Carlos Mur ante varios juzgados, han surgido indicios que apuntan a que conocía las consecuencias de los denominados “protocolos de la vergüenza”, así como las limitaciones existentes para medicalizar las residencias durante la crisis sanitaria.

Actualmente, al menos ocho juzgados madrileños continúan instruyendo procedimientos relacionados con muertes registradas en diferentes residencias de mayores durante la pandemia.