Las víctimas de residencias de mayores, cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid debido a los bautizados como protocolos de la vergüenza, alzan la voz contra el acuerdo marco de centros de mayores que entra en vigor el próximo 1 de julio.
Marea de Residencias alertaba esta semana de la “trampa” que supone el plan, dado que podría provocar el traslado de cientos de personas mayores dependientes y obligar a las familias a asumir costes adicionales para evitar el cambio de centro.
En un comunicado difundido a los medios, la organización -histórica en la lucha de la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso junto a ‘7.291, Verdad y Justicia’- calificaba el acuerdo de “desahucio institucional”; un concepto que tiene que ver con lo que, aseguran, ocurre cada vez que se renuevan los contratos de concertación de plazas de residencias.
"Negocio redondo"
ElPlural ha hablado también con la otra asociación para conocer su opinión. Su portavoz, María Jesús Valero, su portavoz, señala que "llevan más de un año alertando sobre este proyecto", el cual consideran un "nuevo engaño a la ciudadanía, ya que la experiencia demuestra que lo público-privado acaba derivando en una gestión esencialmente privada".
"Hasta la fecha, varias parcelas de suelo público ya han sido destinadas a este proyecto en distintos distritos y municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Carabanchel, Orcasitas, Villaverde y Aravaca", expone, calificando como "incomprensible que la capital de España cuente con un número tan pequeño de residencias de gestión pública directa, mientras la mayor parte del sector continúan en manos privadas o de gestión indirecta". "Esta situación convierte una necesidad social básica en un negocio que se alimenta de las largas listas de espera existentes y de la creciente demanda futura de plazas residenciales".
Asimismo, emite datos para respaldar que el acuerdo actual no respeta el espíritu del Acuerdo de Acreditación estatal, que "recomienda centros más pequeños y de carácter convivencial". "Frente a las entre 100 y 120 plazas previstas como referencia, la Conunidad de Madrid pretende autorizar centros de hasta 150 plazas, perpetuando el modelo macroresidencias cuyas consecuencias quedaron dramáticamente expuestas".
La asociación también denuncia la cesión de suelo público durante 75 años, prorrogables, a empresas privadas que "además podrían beneficiarse de procedimientos de construcción acelerados". Según las cifras que manejan, el proyecto movilizará alrededor de 2.400 millones de euros como beneficio total de la concesión y generará importantes beneficios económicos para las empresas adjudicatarias. "Negocio redondo"; define.
“Cheque residencia”
La crítica se sustenta principalmente en que, de nuevo, saldría ganando el sector privado. En este sentido, detallan que algunas firmas habrían escogido desvincularse del acuerdo al considerar que las condiciones económicas que ofrece la Comunidad de Madrid no son suficientes.
El escenario que en última instancia afecta a los familiares; la solución que, a su juicio, les deja la administración, es “trágico”, y pasa por “aceptar un traslado forzoso a un centro lejano y desconocido o renunciar a la plaza pública a cambio del ‘cheque residencia”.
¿Y qué es eso del “cheque residencia”? La conocida como Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Se trata de un montante al que, consideran, muchas familias tendrían que adherirse ante la situación que se viene si se considera la posible salida de determinados centros del sistema de concertación. El resultado de eso último sería la supresión de plazas financiadas íntegramente con fondos públicos.
La región de Isabel Díaz Ayuso define a la PEVS como una ayuda económica destinada a contribuir a la financiación de un servicio prestado por un centro privado acreditado cuando no es posible acceder a una plaza pública concertada. La persona que recurre a una residencia escoge el centro, mientras que la cantidad de la prestación depende del grado de dependencia y de la capacidad económica de la persona que en última instancia resulta beneficiaria.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, señala además que la prestación se encuentra destinada a situaciones en las que no es posible acceder a un recurso público financiado por las administraciones.
Marea de Residencias no lo percibe así o, al menos, cree que en la práctica no cumple con su función. Por el contrario, concibe el cheque como una herramienta de presión para aquellas familias que quieren evitar el traslado de sus familiares, a las que la “única alternativa” que les queda es “aceptar este cheque”.
La ayuda, además, queda bastante por debajo de las tarifas privadas, provocando que los familiares deban “cofinanciar de su propio bolsillo la diferencia de precio”, beneficiando al “negocio privado a costa de su patrimonio”.
Marea de Residencias cifraba en más de 600 las personas en situación de gran dependencia, una cifra que relaciona con la experiencia de anteriores procesos de renovación contractual, si bien habla de “opacidad” por parte de la Comunidad de Madrid, algo que les impide ser menos claros.
Otros puntos a tener en cuenta y opinión de las partes
Independientemente del dato exacto, los familiares de las víctimas no dudan en hablar de un modelo “mercantilizado” e “intolerable” para las personas mayores y sus seres queridos: “La vejez y la dependencia se traten como mercancías de saldo donde las empresas entran y salen de los convenios según sus márgenes de beneficio".
Otro punto a tener en cuenta es que algunos centros de mayores sancionados o investigados siguen recibiendo financiación pública.
Las partes difieren entre la efectividad del modelo. El Gobierno regional defiende que los nuevos contratos incorporan medidas económicas y garantizan que el sistema sea sostenible, los colectivos, plataformas y asociaciones apuntan hacia la importancia de que se reduzca progresivamente el peso de la gestión privada y piden una ampliación de la red de titularidad y gestión pública.
Quienes pelean por los derechos de los mayores contra lo que consideran una gestión ineficaz, en este caso de la Comunidad de Madrid, lo tienen claro: “Residencia 100% pública, blindada y centrada en los derechos humanos”.
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