Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, ha sido condenado este jueves a dos años y medio de prisión, además de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el amaño de festejos en la región poor la Audiencia Nacional a través de contratos a la empresa Waiter Music.
Los jueces de la Audiencia Nacional han fallado que, a través de la trama Púnica, se consiguió que en cinco localidades madrileñas gobernadas por el Partido Popular –cuyos alcaldes también figuran en la lista de condenados-, además de varias empresas vinculadas al Gobierno autonómico, adjudicasen decenas de contratos a esta empresa de festejos durante una década, desde 2004 hasta 2015.
La investigación sobre Granados y otros 13 cargos por estas irregularidades arrancó el pasado mes de enero por delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Irregularidades que se detectaron a cargo de los Ayuntamientos de municipios de Valdemoro, Ciempozuelos, Algete, Móstoles y Moraleja de En medio, además de empresas públicas como Metro, Arpegio o Panam por los vínculos con la empresa que ofrecía servicios en fiestas populares y se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo”.
Waiter Music era propiedad del ya difunto empresario José Luis Huerta, quienes consiguió contratos de este calado con los que llegó a facturar más de un millón de euros. Misma empresa que llegó a trabajar de la mano de constructoras como Acciona o FCC, entre otras, en eventos de festejos o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid en las líneas 3 y 7, competencia de la Consejería de Transportes regional.
Granados, en su última declaración ante el tribunal el pasado 20 de mayo, se desvinculó de estas contrataciones enmarcadas en festejos municipales, negando que hubiera dado en aquella época instrucciones para que los ayuntamientos de las mencionadas localidades madrileñas costeasen estos actos del partido a través de contratos con la entidad de Huerta.
No obstante, a ojos del tribunal que ha fallado en esta dirección, el exdirigente del PP consiguió tener una enorme "capacidad de influencia en órganos” que decidían sobre estos contratos públicos, todo ello aunque no “ostentaba formalmente” ninguna “competencia administrativa directa”. Así las cosas, y desde su “posición de poder político” como la mano derecha de Aguirre, logró ascender como un “elemento impulsor y facilitador del sistema” de corrupción que favorecía al empresario de Waiter Music a cambio de favores y contratos.
Otra causa abierta
Pese a este escenario, cabe matizar que Granados aún tiene cuestiones judiciales pendientes. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña abrió a finales de mayo juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madridy otras 40 personas y 79 empresas en la 'pieza 8' del caso Púnica por presuntas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras de Transporte de Madrid (Mintra).
En esta ramificación de una de las más conocidas tramas corruptas vinculadas al entorno del PP, se han investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En la resolución, el magistrado consideró entonces que los hechos investigados son constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Por esta pieza judicial, Granados se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y, además de él, se sentarán también en el banquillo empresarios como los constructores David Marjaliza y Javier López Madrid.
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