El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cedido a la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, 19 parcelas públicas para que lleve a cabo su plan de residencias de mayores público-privado, un proyecto que las asociaciones que buscan justicia para las personas de estos centros que fallecieron en pandemia y la oposición madrileña no ve con buenos ojos.
Más allá del fondo del asunto y las críticas que desprenden algunos puntos de esta última decisión en materia de residencias, no pasa desapercibido el beneplácito de la administración de Cibeles para con la propuesta en tanto en cuanto el equipo municipal ha cedido cerca de una veintena de terrenos, lo que se traduce en casi la mitad de parcelas que prevé el plan en su conjunto.
Iglesia católica
La cesión de suelo público para intereses privados o, cuanto menos, concertados, no es nuevo ni se corresponde con un hecho aislado. Prueba de ello son las diferentes cesiones que el Consistorio ha hecho a la Iglesia, por ejemplo, o para la educación concertada.
No es ningún secreto que Almeida mantiene una relación cercana con la Iglesia católica, tal y como volvió a quedar demostrado con la visita del Papa León XIV a Madrid. De hecho, ese vínculo se ha traducido en ocasiones en forma de favores hacia la entidad eclesiástica.
El último, precisamente, coincidió con la estancia de Su Santidad en la capital española. El alcalde de Madrid había adjudicado el pasado 29 de mayo la concesión de una parcela al Arzobispado madrileño en el barrio de Valdebebas, distrito de Hortaleza. En esta ocasión, el área local, de 3.042 metros cuadrados, se cederá por un periodo de 75 años y está valorada en 2,3 millones de euros.
El objetivo pasa por construir un complejo parroquial con el nombre de San Juan Pablo II compuesto por cuatro edificios principales -templo, capilla, inmueble con viviendas y auditorio-, zonas verdes, estructuras de conexión o un garaje en el subsuelo.
Se trata del segundo proyecto después del fallido ‘minivaticano’ -como lo definió la izquierda-, que incluía dos torres de ocho plantas cada una, un aparcamiento para 90 vehículos, pistas deportivas o un auditorio mayor que el planteado ahora con cafetería. Todo el complejo quedaría coronado por una enorme cruz de 30 metros de largo por 12 de ancho y su coste total llegaría a los 16 millones de euros.
El Área de Urbanismo lo declaró desierto en abril de 2024 tras constatar que el Arzobispado no estaba al corriente de sus pagos en el Ayuntamiento, por lo que la dirección anunció que volvería a sacar un nuevo concurso -el presente- que, esta vez sí, ha podido adjudicar a la Iglesia.
No es la primera finca que el equipo de Cibeles dona a la entidad eclesiástica desde 2022. Por el contrario, ha donado cinco a partir de ese año distribuidas en los distritos de Usera, Aravaca, Vallecas, Hortaleza y Valdebebas. Todas ellas están valoradas en 6,3 millones de euros.
Educación concertada
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid también se han mostrado favorables a la educación concertada en cuanto a parcelas se refiere. Destaca 2023, cuando el primero cedió a la segunda una parcela municipal valorada en 18 millones de euros para que construyera y explotara sobre ella un colegio privado concertado en El Cañaveral (Vicálvaro).
El anuncio se correspondió con un hecho histórico en el sentido de que había pasado una década sin que el PP impulsara este tipo de centros, que son privados pero cuentan con plazas financiadas con dinero público. Desde 2022, las partes habían cerrado algunos acuerdos más en este sentido para situar espacios académicos de este ámbito también en Villa de Vallecas u Hortaleza. El valor total de aquellos tres espacios sumaban 30 millones de euros.
Alquiler de viviendas
Una de las últimas polémicas en cuanto a concesión de terrenos públicos guarda relación con los destinados para ‘alquiler asequible’. Esta historia se remonta algo más de dos años atrás, cuando el Ayuntamiento anunció una venta de suelo público para que varias cooperativas levantaran viviendas destinadas a este tipo de alquiler.
El Consistorio sacó a concurso 600 pisos en régimen cooperativista, pero el periodo de oferta terminó desierto. Más tarde, una cooperativa compró el primer lote por el precio mínimo y ahora se encuentra vendiendo los inmuebles sobre plano a precios elevados y sin especificar en sus anuncios que posteriormente deben ser arrendados durante los próximos 15 años, atendiendo al concurso municipal.
Son varios los proyectos que abarca esta iniciativa, pero el más jugoso si se tiene en cuenta su valoración es el que se va a levantar en Arganzuela, pro la zona de Madrid Río. Aquí se prevén 60 viviendas que se van a construir en forma de cooperativa. La controversia aquí viene dada por posible falta de información por parte del Ayuntamiento, y es que la consultora solo indica a los posibles compradores que deben dedicarlas al alquiler asequible durante 15 años en mensajes posteriores en los que comparte los detalles de la adquisición, según informaba elDiario.es.
Asimismo, lanzaba una posibilidad no anunciada por el Ayuntamiento en su momento, según los mensajes que sacó a la luz el periódico mencionado: “El departamento jurídico de la cooperativa ya ha transmitido todas las posibilidades para que un adjudicatario cooperativista pueda ser a quien se le haga el alquiler, siempre que cumpla los requisitos (…) “Puede alquilarse a uno mismo o a un tercero”.
A todo ello hay que sumar concesiones a otras entidades, como la fundación privada Numen, que gestiona un colegio concertado. La información, de junio de 2025 contada por el mismo periódico, apuntaba a que dicha fundación construiría y gestionaría casi con total seguridad un centro de atención a personas con discapacidad y ampliaría instalaciones de las que ya disfrutaba.
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