El conflicto lingüístico entre el catalán y el castellano fue siempre visto como el mayor peligro para la convivencia en Cataluña por los protagonistas de la transición, especialmente tras el restablecimiento de la Generalitat. La izquierda catalanista (PSC y PSUC) impulsó el consenso con el nacionalismo de derechas sobre la política lingüística y la inmersión escolar. Así se mantuvo durante décadas, hasta la creación de Ciudadanos que actuó de ariete para llevar el supuesto peligro de desaparición del castellano a los juzgados. Posteriormente, la resaca política y emocional del Procés fracasado abrió las puertas al resurgir del monolingüismo del catalán como factor de movilización. En Canet de Mar se está ensayando estos días el primer choque a escala local.

En la escuela Turó del Drac de Canet de Mar se estrenó el pasado jueves la aplicación del 25% de horas lectivas en castellano; no como resultado de la sentencia del TSJC que obligará a todos los centros, sino como efecto cautelar de una denuncia previa de la familia de un escolar de P5 que pedía un 50% de castellano. Hay siete escuelas en esta misma situación como resultado de las 80 denuncias presentadas desde 2005. Nada nuevo ni especialmente relevante de no ser por la coincidencia con el aval del Tribunal Supremo a dicha sentencia. Ciertos sectores independentistas han aprovechado para relanzar su campaña de la persecución del catalán, intentado revitalizar el estado de ánimo y de lucha de un secesionismo que los sondeos ven congelado en el mejor de los casos.

El ensayo de Canet ha rozado el fracaso. Unos centenares de manifestantes (300 o 500, según las fuentes), convocados por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans y la Intersindical-CSC exigieron al gobierno de ERC y Junts  que desobedezca la sentencia y promueva que el catalán sea la única lengua en la escuela. Un fracaso en la letra pero no en la música. Precedieron a la manifestación, un par de tuits amenazadores para con la familia del menor, investigados por presuntos delitos de odio; unas llamadas telefónicas a la escuela y al ayuntamiento exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto por el TSJC; y unas declaraciones poco afortunadas del conseller de Educación, el republicano Josep González-Cambray, que no acaba de admitir nunca la obligación de cumplir la sentencia, insinuando que a pesar de su carácter general deberá exigirse clase a clase, lo que se intuye como una fuente inacabable de episodios judiciales e inhabilitaciones.

La ministra de Educación, Pilar Aymerich, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordaron al conseller la obligación de cumplir con lo mandado por el juez y de evitar tensiones en la escuela. Las dudas expresadas por el conseller y la directora del centro hicieron reaccionar al TSJC que ha requerido a ambos la aplicación de la medida, la protección de la intimidad del menor y un informe en diez días del cumplimiento de lo exigido. El PP se ha ofrecido al PSOE para aprobar en el Senado un 155 lingüístico y se ha dejado llevar por la hipérbole diciendo que lo sucedido en Canet de Mar les recuerda a la “Alemania nazi”. El PSC por boca de Salvador Illa ha reclamado la despolitización del uso de la lengua y ha recordado que el catalán sigue siendo el centro de gravedad del sistema escolar.

Las cartas están jugadas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha convocado una reunión para el próximo jueves para tratar la cuestión del catalán en la escuela, acelerada por el TSJC tras años de pasividad por parte de la propia Generalitat ante la cascada de sentencias advirtiendo de la falta de adecuación a la realidad del plan de hace cuarenta años. El PSC se ha declarado dispuesto a participar a pesar de anteponer el respeto a la justicia y el sindicato convocante de la manifestación de Canet de Mar ha programado para el mismo día una huelga en los institutos para presionar al gobierno de Aragonés en la línea de la desobediencia. ERC parece vivir atrapada en la duda derivada de una célebre frase de Jordi Carbonell. Este independentista de cuando no había prácticamente independentistas proclamó en la Diada de 1976: que la prudencia no nos haga traidores.

ERC está dubitativa sobre cuando acaba la prudencia y cuando empieza la traición. No hace tanto, en el anterior gobierno en el que la presidencia correspondía a Quim Torra, su conseller de Educación, el republicano Josep Bargalló, se mostraba dispuesto a estudiar la flexibilización de la inmersión, en la línea secundada por los socialistas. Sin embargo ahora, unos meses después y promulgada una sentencia firme que obliga a ello, ERC no acaba de pronunciarse con la claridad requerida para evitar mayores consecuencias aunque dicha claridad pueda tener un precio electoral. Quedan muy lejos aquellas amables declaraciones de Oriol Junqueras en el Canal 24H de RTVE asegurando estar orgulloso del castellano y anunciando que este idioma sería oficial en la república catalana. Claro que esto era en 2014, durante la preparación de la primera consulta independentista.