"No tardaremos ni un minuto en tomar decisiones porque no tenemos las manos atadas”. Así de tajante se ha mostrado este miércoles el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre uno de los casos judiciales de actualidad: la concesión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona. Según ha explicado, en el caso de que se demuestre que existen irregularidades, tomará medidas de manera inmediata pero, para ello, primero debe de pronunciarse los tribunales.
La adjudicación de ATLL se entiende como la mayor privatización hecha por el Gobierno de Cataluña, un proceso que ya fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero que ahora se encuentra a la espera de sentencia en su instancia superior, el Tribunal Supremo. ¿La razón? El propio Gobierno de Artur Mas recusó la decisión. Por ello, las palabras de Puigdemont muestran un desmarque con la línea llevada hasta el momento por su antecesor.
El anuncio de las intenciones del president coinciden con la aprobación de una moción presentada por la CUP en la que precisamente se insta al Govern a rescindir el contrato de esta concesión. Entienden que no se podría continuar con la privatización si la Oficina Antifraude descubre irregularidades.
"Visto el informe de la Oficina Antifraude en relación con las posibles irregularidades cometidas por Aigües Ter Llobregat, empresa concesionaria de la Generalitat" el Parlament insta al Govern "a abrir un expediente informativo sobre los hechos", reclaman. "Si a la vista de estos hechos se determina que existe un incumplimiento del contrato de concesión" el Parlament insta "a la rescisión" del contrato de concesión, añade el texto.
Denuncian otras irregularidades
Pero en la moción aprobada no solo se ha pedido que se aclare este tema. También se ha instado al Govern a que exija a la empresa Acuamed que finalice "de forma inmediata y segura el proceso de descontaminación del embalse de Flix (Tarragona) y a las obras asociadas del Plan de Restitución de Flix".
A estos, hay que sumarle que demandan al Parlament que pida a la empresa Iberpotash “que cumpla con sus responsabilidades" en relación con "la salud pública y el medio ambiente".
En materia de centrales nucleares, la enmienda transaccional de JxSí deja el texto con un redactado sin efectos prácticos: "habrá que plantear los escenarios adecuados de cierre de las centrales nucleares en el marco de una transición energética que permita alcanzar el año 2050 una producción energética 100 % renovable".
