El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vendrell, Josep Bosch, ha decidido inhibirse de la causa llamada 'del 3%', que investiga supuestas comisiones irregulares pagadas a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por empresarios para ganar concursos públicos, y traspasarla a la Audiencia Nacional, debido a su elevada complejidad, el número de investigados (23), el hecho que afecta tres demarcaciones –Tarragona, Barcelona y Girona—y tiene posibles conexiones con paraísos fiscales (Andorra, Suiza, Panamá y las Islas Vírgenes británicas).
El juez Josep Bosch estima, así, la petición de Fiscalía y la presunta financiación del 3% a Convergència se seguirá desde la Audiencia Nacional. El instructor recoge en el auto de inhibición que se ha conocido este jueves que había "donaciones" de empresas constructoras y de ingeniería en un 3% sobre el contrato de adjudicación pública de varios ayuntamientos catalanes gobernados por Convergència. Así, cita Lloret de Mar, Torredembarra, Figueres, Sant Cugat del Vallès, Olot e incluso Barcelona durante los 4 años de Xavier Trias al frente de la alcaldía. Uno de los imputados es quienes fue teniente de alcalde de Urbanismo Antoni Vives. Las empresas habrían pagado el 3% a las fundaciones de Convergència.
Entre los investigados hasta ahora hay empresarios como Jordi Sumarroca, Josep Miarnau o Jordi Soler, pero también los tesoreros de CDC Andreu Viloca y Daniel Osácar, el ex consejero Germà Gordó (fue gerente de CDC) y altos cargos de administraciones controladas por CDC cómo Constantí Serrallonga o Josep Antoni Rosell.
Ahora será la Audiencia Nacional la que siga con la instrucción que empezó el 2016.
