La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado hoy por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña. Justo a tiempo para que mañana el Consejo de Ministros pueda aprobar mañana un recurso que enviar al Tribunal Constitucional y bloquear también la pseudo consulta que ha convocado Artur Mas.

Fuentes del Consejo de Estado han confirmado a Efe la aprobación del dictamen, que fue solicitado por el Gobierno para impugnar la consulta en el Consejo de Ministros de mañana viernes. El máximo órgano consultivo del Gobierno remitirá hoy al Ejecutivo el dictamen aprobado por la Comisión Permanente, que preside José Manuel Romay Beccaría, y que es preceptivo pero no vinculante para acudir al Tribunal Constitucional.

"Consulta alternativa"
En su reunión de mañana, el Consejo de Ministros podría autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Tribunal Constitucional la llamada "consulta alternativa" que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado que informara con carácter de urgencia sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat "relativas a la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre, mediante un denominado proceso de participación ciudadana".

La misma sección que bloqueó el referéndum
Entre esas actuaciones figura la pregunta -¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?- que aparece en la página web del "proceso de participación ciudadana" de la Generalitat, o las instrucciones dadas a los funcionarios catalanes. El dictamen ha sido redactado por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, encargada también del informe sobre los recursos que el Ejecutivo presentó contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9N, firmado por el presidente catalán, Artur Mas.

Tanto la ley como el decreto fueron suspendidos, de forma cautelar y por unanimidad, en el pleno del Tribunal Constitucional celebrado el pasado 29 de septiembre.

Rajoy habla del "interés general"
Por su parte, el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado hoy que el Gobierno debatirá mañana la impugnación de la consulta alternativa del 9N con el "único criterio" de garantizar el cumplimiento de la ley y que tomará la decisión que "convenga al interés general". Rajoy ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tras la reunión que han mantenido.

"Espero que acate"
Mañana, ha adelantado Rajoy, el Gobierno debatirá el informe del Consejo de Estado y, en el supuesto de que tome formalmente la decisión de recurrir el 9N, deberá esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional y, después, a la reacción de la Generalitat. "Espero que sea de acatamiento", ha apostillado. La consulta alternativa, ha asegurado el presidente del Gobierno, no cumple con las garantías democráticas y "no sirve más que para generar tensión".

"Esto no se hace"
"Sinceramente, esto no se hace, la ley hay que cumplirla", ha dicho el jefe del Ejecutivo tras recordar que el presidente catalán, Artur Mas, acató la decisión del TC de suspender la ley de consultas y el referéndum convocado para el 9N. Ha añadido que él mismo calificó la renuncia de Mas a convocar un referéndum ilegal de "acertada" pero desde entonces el Gobierno catalán ha dado los pasos para celebrar "algo parecido", "una pseudoconsulta que no ha sido convocada", en la que no hay censo "ni ley que lo ampare" ni organización que vele por su neutralidad ni se conoce quiénes serán los miembros de las mesas de votación.

"Presiones" a los medios
Rajoy se ha referido expresamente a las "presiones" que la Generalitat ha ejercido sobre los medios de comunicación para que emitan publicidad de la consulta y ha dicho que "es un paso malo, en la mala dirección". "Hemos mantenido una actitud prudente, pero siempre atentos a la principal obligación de cualquier Gobierno, que es que se cumpla la ley", ha declarado el jefe del Ejecutivo.