Aunque parece que las cosas siguen dónde estaban, la consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, no lo tiene claro y recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo. Según la Generalitat, los niños de infantil tienen el derecho de recibir la educación en castellano si así lo requieren. De hecho, dos de los casos hoy sentenciados corresponden a este período y los niños ya reciben la educación en castellano. Las otras dos corresponden a dos niños que están estudiando en primaria. La Generalitat considera que la sentencia no deja claro que la obligatoriedad sólo corresponde al inicio del ciclo educativo como contempla la Ley de Educación de Catalunya. Irene Rigau ha justificado el recurso “porque es necesario evitar que sentencias como ésta dejen brechas en la ley de educación catalana”
La inmersión lingüística ha sido amparada reiteradamente por los tribunales, tanto el Supremo como el Constitucional, pero siempre se producen sentencias que agitan el debate en los ámbitos mediáticos y políticos. Sin embargo, este debate no existe en la sociedad catalana. En las matrículas de este curso en Baleares, por ejemplo, sólo el 8% de las solicitudes pedían educación en castellano. En Catalunya, este dato todavía no es público pero fuentes bien informadas apuntan que este año el porcentaje registrado es mucho menor que en Baleares.
Toni Bolaño es periodista y analista político
