Hay en Cataluña una cierta morriña del artículo 155. Unos, PP y Ciudadanos, para reclamar a diario una nueva aplicación en versión dura y así dinamitar cualquier posibilidad de diálogo. Otros, JxCat y el gobierno de la Generalitat, para mantener vivo su recuerdo, como prueba fehaciente de la supuesta voluntad del estado de tratar a Cataluña a golpe de intervención permanente, un factor de movilización. En medio de tanto ruido, los socialistas apenas pueden hacer oír su voz sobre la inexistencia de las condiciones exigidas para su reedición, en un contexto en el que el Gobierno de Torra habla mucho de lo que podría hacer, sin haber traspasado a día de hoy ninguna línea roja de legalidad.

El presidente Torra se refiere continuamente a su propósito de no acatar la sentencia del juicio a los dirigentes independentista sin completar nunca la secuencia de lo que piensa hacer para explicitar su rechazo a una hipotética condena de los procesados. Finalmente, el otro día acabó la frase: repetir una convocatoria de huelga como ocurrió el 3 de octubre de 2017 para ver si el gobierno Sánchez aplica el 155. “A mí, no me destituirá ningún 155”, remachó, aunque en lo que va de legislatura, la mayoría independentista en el Parlament ha asumido todos los requerimientos efectuados por la justicia y el TC, aun criticándolos como injerencias intolerables.

El mismo día en que el presidente de la Generalitat especulaba con un 155, la líder de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, exigía al presidente del Gobierno que interpelara a Torra sobre su predisposición a respetar la legalidad y las sentencias, llegado el caso, y en el supuesto de una negativa de este, procediera a intervenir urgentemente las instituciones de la Generalitat.   Alejandro Fernández, el nuevo presidente del PP catalán en substitución de Xavier García Albiol, celebró su elección afirmando que por si él fuera, el 155 ya se habría reeditado por las continuadas apelaciones de Torra a una futura desobediencia.

La promesa que si ha cumplido Torra ha sido la de cuantificar el coste del período de aplicación de artículo 155 por el Gobierno del PP. Exactamente fueron 130.487.668,81 euros, según el cálculo hecho público este martes, aunque el comisionado de la investigación elevó el impacto económico a unos 1.800 millones. Lógicamente, el Gobierno de la Generalitat no asocia la intervención del Estado a la aprobación previa de la DUI ni a la desobediencia exhibida por el anterior Gobierno independentista. Esta relación causa efecto, supondría elevar, indirectamente, los costes del procés mucho más allá de los supuestos gastos atribuidos a la organización del referéndum prohibido y de las consecuencias económicas de la salida de empresas.

El artículo 155 se ha transformado en algo más que un polémico instrumento constitucional para devolver a la senda de la legalidad a una comunidad autónoma, es ya un símbolo político

El resultado más relevante del 155 fue la destitución del Gobierno, el cierre del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas; también ocasionó más de doscientos ceses de altos cargos políticos y el cierre de las embajadas catalanas, excepto la de Bruselas. Mientras estuvo vigente, resultó prácticamente imperceptible en la administración general y su aplicación no halló mayores resistencias entre el funcionariado. El legado más complicado de aquella intervención es el nacimiento del legitimismo encarnado por Carles Puigdemont, a pesar de que todas las fuerzas políticas, incluidas los partidos independentistas y el propio Puigdemont, participaron de los comicios convocados por el gobierno Rajoy.

El artículo 155 se ha transformado en algo más que un polémico instrumento constitucional para devolver a la senda de la legalidad a una comunidad autónoma, es ya un símbolo político, una referencia permanente para defensores y detractores, una amenaza o una esperanza según desde que partido se mire. Para los independentistas, una inexplicable agresión del estado central que responde a una deriva represora, ensayada ya en la jornada del 1-O, sin relación con las desobediencias vividos en las semanas previas. El constitucionalismo de derechas, actualmente en la oposición, considera el artículo como la panacea para frenar al soberanismo, siempre que sea algo más duro y largo que el aplicado el año pasado, que alcance, sobre todo, a TV3 y a poder ser también a la escuela catalana.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSC, solidarios en su día con la medida, a cambio de la moderación en su campo de aplicación, dejando fuera TV3, extremo que Ciudadanos y PP no le perdonarán nunca, se esfuerzan en negar la mayor: no se da ninguna circunstancia para pensar en el 155. Para los socialistas, tanto las exigencias del constitucionalismo de derechas como las elucubraciones del independentismo lúgubre de Torra no son más que expresiones de la decepción de ambos por la aceptación de la vía del diálogo, recogida en los últimos sondeos. El 155 es la antítesis de su tesis actual, un peligro.