Rechazada la moción de Vox que pedía expulsar a los inmigrantes ilegales tras el voto en contra de PSOE y PP. La formación ultraderechista vuelve a quedarse aislada después de que los partidos mayoritarios le den la espalda en una moción mediante la que pedían expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves o varios delitos leves.
Una propuesta defendida por el presidente del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ponía el foco en el "efecto llamada" y durante su intervención en el Pleno se preguntaba: “¿Hasta cuándo y hasta cuantos?”, asegurando que la inmigración ilegal produce a su vez desigualdades entre los propios inmigrantes.
Frente al ruido, los datos. Frente al odio, la convivencia. Frente al miedo, la esperanza. Y frente a los muros, los puentes
Estas declaraciones han tenido como réplica la denuncia del PSOE del discurso de odio que plantea Vox y que encuentra la complicidad del PP en las instituciones donde ambas formaciones gobiernan. Así se mostraba el diputado regional socialista, José Antonio Contreras, durante su turno de palabra en la sesión plenaria, explicando que los inmigrantes llegan a nuestro país en busca de oportunidades y de un futuro mejor.
Contreras explicaba que Vox intenta generar odio y enfrentar a la población con los inmigrantes mediante la desinformación y los bulos en las redes sociales: “Y lo más grave, lo hemos visto incluso en instituciones de nuevo, donde Vox, con la complicidad del PP, ha intentado vetar programas de acogida, cerrar centros sociales o eliminar ayudas destinadas a personas migrante”.
Contreras evidenciaba que España y Castilla-La Mancha no se encuentran en un momento histórico que les permita ponerse de perfil ante estos discursos de odio generados por la ultraderecha y lanzaba una pregunta con ánimo de reflexión: “¿De verdad queremos que sea una sociedad que les cierra la puerta? ¿Queremos ser recordados como una generación que miró para otro lado ante el odio?”
Rechazo del Partido Popular
El PP se ha mostrado en contra de la moción planteada por Vox al considerarla “un batiburrillo de medidas que no tienen cabida ni competencia” y que “ni se pueden aplicar ni se van a poner en marcha”, según aseguraba el diputado regional José Antonio Martín-Buro.
El diputado regional popular explicaba que es un problema complejo al que no se le pueden aplicar soluciones fáciles ni caer en el populismo que agrava la situación exponencialmente.
En esta línea, el PSOE también defendía que la inmigración es uno de los retos de la actualidad además de una oportunidad: “El problema es el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, y ponía el foco en la peligrosidad del discurso de odio que implementa la ultraderecha, criminalizando a los inmigrante y usando el miedo como herramienta política.
Castilla-La Mancha acogerá 320 menores inmigrantes tras el último reparto
Vox preguntaba al Gobierno regional que dónde tiene pensado ubicar los 320 inmigrantes que vendrán a Castilla-La Mancha, de acuerdo con el último reparto efectuado por el Gobierno central: “¿Dónde los van a alojar, porque dice usted que las plazas están saturadas a un 98%, los van a alojar en hoteles, en casas rurales, en qué localidades los van a alojar?”, interpelaba el presidente del grupo parlamentario, David Moreno, a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
Desde el grupo parlamentario ultraderechista consideran que la única preocupación del Gobierno regional era la financiación y aseguran que ya la tienen con la dotación de 4,1 millones de euros que recibirán: “A Page solo le importaba que llegasen con la factura pagada”.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, interpelada por el David Moreno, explicaba que la formación ultraderechista “sabe perfectamente, porque están publicados, los datos del 2024. Sabe perfectamente cuál es la postura de Castilla-La Mancha. Ahora, también sabe perfectamente usted manipular las noticias que saca en distintos medios de comunicación”, y desmentía que el presidente regional haya dicho que acogerá a los menores una vez llegada la financiación de 4,1 millones de euros: “Eso lo ha dicho un real decreto, que, si se pone en marcha, hay que cumplir, y ante eso, lo que dice Castilla-La Mancha es que hay que velar por la seguridad de los niños y niñas”.
