La sanidad pública en la Comunidad de Madrid lleva años sufriendo las consecuencias de los recortes y las privatizaciones. La situación se ha visto agravada con la crisis del coronavirus y que ahora, con la llegada del verano, se deberían reforzar los puestos no solo para suplir las vacaciones, sino que también ante un posible rebrote del virus.

Los contratos temporales que encadenan los sanitarios en la comunidad también han sido plato de debate y quejas. Según los datos de febrero de este año, los más recientes antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, el nivel de precariedad en el Servicio Madrileño de Salud alcanzaba al 44,5% del total de sus efectivos. Teniendo en cuenta al colectivo de los menores de 40 años, la temporalidad asciende hasta el 79%, siendo el 62% interinos y el 17% eventuales. Estas cifras se traducen en que del total de 17.247 profesionales sanitarios, 13.630 sufren esta precariedad con la temporalidad de sus contratos.

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Estas cifras las ha lamentado el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien lo denunciará ante la presidenta regional en el Pleno del próximo jueves. Cabe recordar que los médicos internos residentes (MIR) de la Comunidad de Madrid han convocado una huelga indefinida para exigir mejoras en sus condiciones. Un total de 4.600 MIR de Madrid están llamados a esta huelga indefinida desde su comienzo el pasado lunes para reclamar un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales. Entre las medidas que piden que se modifiquen están el aumento de la supervisión de los médicos adjuntos, ya que hay hospitales que tienen un adjunto para 14 residentes, guardias mejor pagadas, reducción de las horas extras no pagadas y la garantía del descanso tras los turnos de 24 horas de los sábados.

Frente a la primera concentración de las protestas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró mediante un mensaje en Twitter que está “dispuesto a valorar” las peticiones de los residentes, aunque justifica que “el grueso de las reivindicaciones están dentro de un convenio colectivo nacional que la Comunidad de Madrid no tiene capacidad para negociar”.