El Mar Menor enfrenta un problema de conservación desde hace años, casi una década; su ecosistema agoniza, las especies desaparecen y su revertimiento se complica cada vez más. El Gobierno de la Región de Murcia, liderado por el Partido Popular y Vox, ha encauzado hasta dos leyes de protección de este preciado medio natural, pero la puesta en marcha de sus medidas ha quedado en papel mojado. Después de que se hayan puesto denuncias sobre la mesa por presuntas irregularidades de gestión de fondos públicos para su preservación, así como hasta tres contratos de emergencias para la retirada de biomasa y otras cuestiones de calado, asociaciones ecologistas han puesto el acento de que este escenario viene de lejos.
Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, en conversaciones con El Plural, dan cuenta de que estas adjudicaciones irregulares de parte de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de Murcia, y que ya se presentaron ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región, "no les sorprenden": "No es la primera ni la segunda vez que se realizan estos contratos. No nos sorprende que pase aunque nos parezca un escándalo, quizás habría que trabajar más la transparencia y actuar con mecanismos que eviten que pasen estas cosas", señalan.
Con este telón de fondo que ya ha sido derivado al ámbito judicial, se suman las actuaciones que ha ido acometiendo el Ejecutivo del popular Fernando López-Miras en los últimos años y que, en vistas de las asociaciones ecologistas son escasas para el drama que vive el Mar Menor: "Prácticamente no han hecho nada desde el principio, solo poner baches en las ruedas. (...) La Administración regional sólo propone medidas de maquillaje, de actuación muy cosmética con este tipo de retirada de biomasa o medusas", lamentan, añadiendo que son otras las administraciones las que se han ido encargando de otras problemáticas como la 'sopa verde' o el vertido de salmuera contaminante procedentes de desaladoras irregulares, como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que se encarga del flujo del acuífero del Campo de Cartagena que, a su vez, desemboca en el Mar Menor.
De esta manera, las actuaciones notables que se han acometido en los últimos tiempos por parte del Ejecutivo murciano radican, en parte, a la financiación de causas de investigación, pero que éstas poco hacen para enfrentar la problemática de este preciado ecosistema: "Han gastado varios cientos de miles de euros para demostrar que si se pone un difusor de oxígeno dentro del agua como si fuera un acuario aumenta el nivel de oxígeno de forma local. Hay investigaciones que están mal encauzadas pero hacen ver como que se está haciendo algo", añaden estas fuentes en declaraciones a este periódico.
Las principales vías de actuación que continúan en stand by radican en que aún, y pese a las dos leyes que se impulsaron a la protección del Mar Menor en aras de limitar las actividades agrícolas y ganaderas, que son las que proliferan dicha problemática, no se cuenta con "una limitación al uso de los fertilizantes agrícolas, un plan de reducción de la erosión y un plan de ordenación territorial".
A simple vista, según explica el portavoz de Ecologistas en Acción, pudiera parecer que, en ciertos momentos, el ecosistema "está mejor" en las zonas accesibles, como es la orilla, pero el drama fundamental se encuentra en el fondo de sus aguas, donde las especies que la habitan mueren al no tener las condiciones adecuadas para sobrevivir: "Los fondos son un drama porque no se recuperan. Son procesos complejos y tarda mucho en revertirse. Si al Mar Menor se le dejan de meter estos nutrientes tardará años en recuperarse", aducen.
Así, buena parte de los trabajos acometidos sobre el Mar Menor, tanto en la gestión de los vertidos de salmuera como en los pozos ilegales de la zona han sido de parte de la Confederación, pero en lo que concierne "al uso del suelo, fertilizantes, modulación de lo que se puede y no hacer en el terreno es competencia autonómica, y ahí está todo por hacer", reiteran.
En la lupa judicial desde hace años
Cierto es que la denuncia presentada hace días ante la Fiscalía murciana viene de la mano de presuntas irregularidades y sendos contratos de emergencias en la gestión del Mar Menor, pero lo cierto es que éste no es el primer caso que presenta estas características. Ya en 2016, a raíz del fenómeno natural conocido como 'sopa verde' y la consiguiente investigación que llevó a cabo el Ministerio Público, se abrió el 'Caso Topillo' relacionado con los pozos ilegales y los vertidos de salmuera contaminantes pero, debido a que la misma causa se ha ido "troceando" con el paso de los años, el mismo proceso se ha vertebrado en distintas partes y aun continúa sin un horizonte claro de resolución.
Debido al troceo del ‘Caso Topillo’, en hasta cerca de 40 causas, las representaciones de ayuntamientos afectados y ONGs, como Ecologistas en Acción, quedaron fuera el pasado 8 de febrero de la investigación de la Audiencia Provincial de Murcia. Fue en 2017 cuando el entonces fiscal de Murcia de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, vino denunciando el uso de estas desaladoras que no contaban con la autorización pertinente para sus actividades agrícolas en el Campo de Cartagena, lo que engrandeció un perjuicio cifrado en cerca de 19,5 millones de euros, según recoge a su vez eldiario.es.
"Llevamos años denunciando esto administrativamente sobre los pozos ilegales, hasta 2016 teníamos poco éxito, ahora está la cosa un poco mejor. La Confederación reconoce que encontraron unas 9.000 hectáreas que no tenían derecho a riego. La investigación judicial va muy lenta, casi una década después todavía tenemos mucho trabajo por delante", añaden al respecto Ecologistas en Acción en declaraciones a El Plural, quienes insisten en que las escasas sanciones que se han impuesto a las empresas han resultado "irrisorias" en comparación con el beneficio que obtienen al operar de esta manera.
