Pere Aragonés llevaba días redoblando el tambor para crear expectación sobre su nueva propuesta para el ejercicio del derecho de autodeterminación, más inclusiva y al alcance de todos los demócratas, según había avanzado. Llegado el día, desveló que se trata de resucitar el “derecho a decidir”, a partir de un “acuerdo de claridad” con el estado para llevarlo a la práctica. Esta propuesta de retorno al modelo de Quebec no consiguió que el líder de la oposición, Salvador Illa, entrara en el debate, por considerarla un déjà vu. Sus socios de Junts no le dedicaron un solo aplauso por implicar tal formulación una negación definitiva de la vía unilateral que ellos todavía defienden y que esta misma semana será celebrada con motivo del aniversario del 1-0.
El presidente de la Generalitat afirmó que este “acuerdo de claridad”, que debería recoger el cómo y el cuándo Cataluña podrá decidir sobre su futuro, es la única fórmula posible de resolver el actual conflicto político. La base de esta creencia de Aragonés radica en el hecho de que los sondeos de opinión suelen fijar en más de un 80% el porcentaje de catalanes que se manifiestan a favor de votar sobre su futuro. La interpretación de que esta voluntad de votar se refiere en concreto a la celebración de un referéndum de independencia constituye el argumento definitivo para el presidente del gobierno catalán. Sin embargo, las dudas sobre qué tipo de consulta y sobre la pregunta o las preguntas que deben plantearse en la consulta genéricamente aceptada por la mayoría de los sondeos no están tan claras como las quiere ver Aragonés.
En todo caso, Aragonés vuelve sobre los pasos del independentismo, renegando de la consulta unilateral defendida con ardor por el movimiento, también por ERC, y apostando por una consulta pactada, demonizada desde hace años por sus socios de gobierno. El “derecho a decidir” es un concepto construido por un grupo de juristas soberanistas escépticos sobre la aplicabilidad del derecho de autodeterminación al caso catalán, y consiste en aglutinar diversos derechos constitucionales, como el de participación política, para reclamar una consulta consultiva. La idea fue abandonada rápidamente por amplios sectores del soberanismo por considera que la aceptación de tal “derecho” se hacía con menoscabo de la reclamación del derecho a la autodeterminación. Ahora, Aragonés propone recuperarlo, argumentando justamente que esta vía permitiría un ejercicio más inclusive y democrático de la autodeterminación.
La recuperación de denominada vía del Quebec, precisamente empantanada desde hace décadas por las dificultades de concreción e interpretación jurídica del acuerdo de claridad impulsado por el parlamento federal canadiense y la Provincia de Quebec, supone un intento de aproximación a los Comunes y, especialmente, al PSC, que en algún momento previo al choque de trenes de 2017 la había defendido como recurso de última instancia para zanjar la discusión sobre el futuro de Cataluña. Salvador Illa ni siquiera mencionó el concepto en su cara a cara con Aragonés durante el debate de política general, limitándose a reclamar a Aragonés el cumplimiento de su promesa de abrir una mesa de diálogo en Cataluña para alcanzar una propuesta que pueda ser votada.
La posición del PSC, como primer partido de la cámara catalana, es clave para que el presidente Aragonés pueda presionar al gobierno de Pedro Sánchez con la fórmula del “acuerdo de claridad” como gran pacto de la mesa de diálogo. La reacción de Illa y de la portavoz del gobierno central presagian una pronta reacción socialista situando el “pacto de claridad” que exige Aragonés en el texto de la Constitución, mandando a ERC a la casilla de salida. Junts, la CUP y la ANC celebrarán por todo lo alto este infructuoso redoble de tambor de Aragonés.
