Un grupo de profesionales han explicado a este periódico los "chanchullos" del sistema de precios farmacéuticos de la Junta de Andalucía. Exigen anonimato por miedo a represalias del gobierno del Partido Popular en San Telmo. 

Las compañías farmacéuticas que no participaron en las subastas han logrado acabar con un sistema que beneficiaba a la ciudadanía. ¿Por qué?. "Un botín de 300 millones de euros al año que hasta ahora servía para invertir en más sanitarios, centros de salud y hospitales", denuncian profesionales del sector. 

En su opinión, ahora este dinero irá a los bolsillos de las farmacéuticas, representadas por Farmaindustria, Aeseg y los Colegios Farmacéuticos del gobierno andaluz: "Las farmacéuticas se han salido con la suya".

1º mentira

La primera mentira fue pronunciada por el director general de Farmaindustria, Humberto Andrés: "Permite mantener la unidad de mercado en España, que es uno de los principios fundamentales para las economías modernas de mercado", afirmaba en una rueda de prensa.

La realidad muestra que, "en tres ocasiones", el Tribunal Constitucional ha avalado las subastas indicando en su sentencia de diciembre del 2016 que "tiende a racionalizar el gasto en materia de productos cuando se prescriba por denominación genérica".

"El laboratorio Amgen, que pertenece a Farmaindustria, pagó al actual Consejero de Salud, Jesús Aguirre, cuando era senador del PP y portavoz de la Comisión de Sanidad, gastos por viajes sin justificar", señalan.

2º mentira

"Que cualquier medida orientada a la exclusividad de una, o un pequeño grupo de compañías, tenía un riesgo importante en cuanto al desabastecimiento de los medicamentos para el ciudadano", aseguró Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de Aeseg.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional deja claro que las subastas no provocaban desabastecimiento de medicamentos. El paciente siempre se llevaba un medicamento con el mismo principio activo.

3º mentira

¿Sabías que Aeseg, como laboratorio principal a Cinfa -en cuyo accionariado participan miles de farmacias de España-, puede estar incurriendo en una práctica lesiva a la libertad de competencia?

Según afirmaba el presidente del Colegio Andaluz de Colegios Farmacéuticos y vicepresidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, "todos los ciudadanos andaluces pasan de ser ciudadanos de segunda respecto a la prestación farmacéutica con respecto al resto de los españoles. A partir de mañana, ya todos los ciudadanos andaluces serán igual que el resto de los ciudadanos españoles". Se trataría de otra declaración falsa.

Todos los medicamentos incluidos en el nomenclátor español están a disposición de los ciudadanos y por eso el Tribunal Constitucional pone en valor que la normativa andaluza no interfiere en la equidad en el acceso.

4º mentira

Las palabras del presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, tampoco eran ciertas respecto a este ámbito: "Desde el año 2012, en Andalucía existía el modelo de la subasta de medicamentos. Un sistema que prometimos cambiar porque suponía un recorte de los derechos de los andaluces al acceso a los medicamentos, porque suponía una intromisión clara a la libertad de prescripción que tienen también nuestros profesionales, especialmente los médicos", afirmaba el dirigente de la Junta de Andalucía. "Los andaluces vuelven a ser ciudadanos de primera y no de segunda en el acceso a los medicamentos", proseguía.

Nada más lejos de la verdad. Y es que la realidad demuestra que los andaluces nunca han sido "ciudadanos de segunda", ya que el médico siempre ha tenido libertad de prescribir antes, durante y después de la subasta.

Además, como indica el Tribunal Constitucional, "el destinatario de la prestación farmacéutica va a recibir en todo caso el medicamento de precio más bajo, tal y como prevé la norma estatal, la única diferencia es que en Andalucía la selección la hace el SAS y en el resto del Estado la hace el farmacéutico. La normativa andaluza no interfiere en la equidad en el acceso".

La pregunta final es clara: ¿Por qué los demás laboratorios no quieren ayudar en este sostenimiento? ¿Por qué los farmacéuticos se oponen? Quizás la respuesta es muy sencilla: "Porque ahora ese dinero se lo reparten los laboratorios y los farmacéuticos".